El garabato del torreón
La prórroga del presente
Podría verse reforzado si, como se barrunta, un informe de los servicios de Vigilancia Aduanera excluyese cualquier irregularidad en la magnitud patrimonial del alcalde lucense
Conste que el pronóstico no excluye la sorpresa, pero a fecha de hoy es difícil atisbar para las municipales en la ciudad de Lugo un resultado distinto al de otro cuatrienio de prórroga en el mandato de López Orozco. Incluso los más recalcitrantes críticos de su gestión admiten que, a la vista de las alternativas viables, la eventualidad de su reemplazo por una ensalada de siglas podría desencadenar consecuencias auténticamente catastróficas y corroborar, una vez más, el precepto de que, en ocasiones, es peor el remedio que la enfermedad.
Quedamos, pues, en que los escasos méritos del candidato Orozco son, en todo caso y a efectos electorales, de más peso que los alicientes apreciados en los demás aspirantes, algunos de ellos ya resignadamente curtidos en la oposición, y otros perfectamente congruentes con la irresponsabilidad de las formaciones que los avalan. Ese factor de tasación personal podría verse reforzado si, como se barrunta, un informe recientemente elaborado por los servicios de Vigilancia Aduanera excluyese cualquier irregularidad en la magnitud patrimonial del alcalde lucense, constatación que contribuiría tanto a lustrar el cartel orozquiano (al menos en perfiles de tesorería) cuanto a menoscabar el crédito político de muchos de sus detractores y el soporte técnico de algunas instrucciones togadas. El resultado de la conjunción, caso de producirse, no se sabrá hasta finalizado el recuento de papeletas el próximo 24 de mayo. Y tampoco hasta entonces podrán confirmarse o desmentirse unos augurios que ni los más optimistas militantes en el socialismo local se atreverían a imaginar hace un año, cuando los enterradores de Orozco manejaban la pala con más destreza que Juan Simón. Lo que haya de ser será, pero no creemos disparatado afirmar que estamos en vísperas de una pirueta de 360 grados, es decir, de una vuelta a la situación de partida, inalterable, con o sin mayorías absolutas, desde el 13 de junio de 1999.