Crespo arremete contra las «mentiras» del sumario de la «Zeta» en su visita a los juzgados
El considerado cabecilla de la trama, que se ha acogido a su derecho a no declarar, niega «irregularidades» en los cursos de formación impartidos por sus empresas
El principal imputado en la «operación Zeta» -que investiga el supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas-, el empresario Gerardo Crespo ha vuelto a negar hoy todas y cada una de las pruebas que le salpican en el caso. A su salida de los juzgados, tras acogerse («por la falta de un informe de Hacienda») a su derecho a no declarar ante la instructora del caso , ha afirmado a la prensa que «nosotros todavía no sabemos de qué tenemos que defendernos». El coruñés se ha respaldado en que «todos los cursos están realizados, aprobados y auditados por la Xunta de Galicia».
En declaraciones a los periodistas -informa Dario Domínguez-, ha negado «irregularidades» en los cursos de formación realizados por sus empresas. «Ningún curso se ha dejado de hacer, no hay ninguna irregularidad en ningún curso de la empresa», ha recalcado Crespo. «Durante estos años sólo me he dedicado a formar a las personas y crear puestos de trabajo», ha señalado. Según ha defendido, «la Policía saca conclusiones erróneas».
Además, ha insistido en que «los inspectores de la Xunta los han visitado, los han revisado y antes de pagarlos han analizado la justificación económica y le han dado la validación», ha subrayado el empresario, para quien la instrucción se ha realizado «sobre conclusiones a priori». «Han buscado pruebas que confirmasen sus suposiciones», ha señalado respecto a los investigadores.
Circular a los medios
Antes de su declaración a los medios, la defensa de Crespo repartía una circular, en la que el empresario hace hincapié en que después «de tres años de indefensión», tiene muchas ganas de declarar. En ella lamenta que esta situación derivase en la quiebra de 150 empresas y 2,5 millones de gastos anuales, para arremeter contra el sumario. «Es una gran cantidad de calumnias, está suplantando al juez, sacando conclusiones que tendrá que decir el juez», apostilla la carta. «La juez nos da la razón», prosigue. «El sumario miente y es tendencioso, manipula las escuchas telefónicas y pruebas documentales», defiende.
Para terminar, acusa a la conselleira de Traballo y al presidente de la Xunta de «mentir», ya que, según expone, no fueron ellos quien denunciaron, sino «empleadas de Caype». «El PP es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada», recoge el documento, en el que anuncia que han presentado un acto de conciliación, «para presentar una querella por calumnias contra Beatriz Mato y en el juzgado nos la están frenando».
Una treintena de imputados
Considerado por los investigadores el cabecilla de una presunta trama de fraude de subvenciones, el empresario coruñés Gerardo Crespo ha sido el primero en desfilar este lunes por los juzgados, y tras él lo harán el resto de imputados hasta alcanzar la treintena . El presidente de Azetanet, la empresa que está en el epicentro de una supuesta organización delictiva que obtenía ayudas de la Xunta para cursos de formación que finalmente no realizaba, se acogió a su derecho a no declarar ante la juez que instruye la «operación Zeta».
Con anterioridad, Crespo ya había negado todos y cada uno de los delitos que se le imputan, así como su relación con la trama descrita. En una entrevista concedida a Efe el pasado mes de octubre, el principal acusado sostuvo que «es imposible hacer cursos fantasma» y acusó a los políticos de mentir porque «tienen mucho miedo, mucho que tapar».
Si bien, lo cierto es que desde que se inició la investigación el 22 de diciembre de 2011, los investigadores han recabado un ingente número de pruebas (documentos, declaraciones, grabaciones...) que le implican directamente.
Y no sólo a él. Todos los imputados, entre los que figuran excargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales, se enfrentan a posibles delitos por fraude de subvenciones, estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
El caso se destapó a raíz de un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en La Coruña, que concluyó que determinadas entidades fueron receptoras de más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos.
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