Carlos Príncipe exige la nulidad de su expulsión al carecer de pruebas
El exalcalde de Vigo recurre la resolución tras recibir un expediente «vacío» de medios probatorios
Carlos Príncipe sigue dando la batalla. Su objetivo es claro: demostrar que su expulsión del PSOE , acordada por Ferraz a finales de diciembre, carece de fundamentos. En un segundo recurso enviado a la Comisión Federal de Ética y Garantías, el exalcalde de Vigo exige la nulidad del procedimiento abierto contra él «por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a los hechos que son objeto de sanción», recoge el escrito.
Los hechos que se le imputan al exregidor son una serie de manifestaciones realizadas en diversos medios de comunicación y en su blog personal contra el actual alcalde, Abel Caballero, pero sobre todo, contra la supuesta red de enchufes en el Ayuntamiento vigués . Según el partido a nivel nacional, son declaraciones «destinadas a dañar la imagen del PSOE».
Pero Príncipe contraataca en su nuevo recurso, que se suma al enviado antes de recibir toda la documentación solicitada sobre su expediente. Finalmente, el PSOE le remitió dicha información hace escasos días, después de verse obligado a paralizar el plazo del recurso para asegurar así «las debidas garantías de defensa del interesado».
Con el expediente ya en su mano, el exalcalde socialista manifiesta su sorpresa porque a éste «no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el pliego de cargos y en la resolución recurrida supuestas manifestaciones cuya autenticad carece de todo apoyo probatorio». De hecho, —continúa Príncipe— «ni siquiera se ha unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción» ni tampoco se practicó «ninguna declaración» para certificar los hechos que se le imputan. Y este «vacío de cualquier medio de prueba» implica «legalmente» la nulidad de la resolución, añade.
Democratización interna
Antes de llegar a esa conclusión, el aún militante socialista hace referencia al mundo del Derecho para exponer que un expediente de sanción debe contener los datos precisos para que, «en base a ellos, y sólo a ellos», se adopte la resolución pertinente. «No sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente», remarca.
A lo largo de ocho hojas, también pone como ejemplo un informe disciplinario declarado nulo por el Tribunal Supremo tras detectar vulneración de derechos de los militantes. Un extremo, este último, en el que Príncipe siempre ha insistido tras incoarse su último expediente en octubre de 2013.
Además de analizar el aspecto formal, el exalcalde se detiene en la necesidad de «democratización interna de los partidos», critica a los políticos «sin experiencia directa de lo que ocurre fuera» y defiende las corrientes de opinión internas, pues «contribuyen a la vitalidad del partido», sostiene.
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