Reforma electoral: el PP sestea con el recorte de escaños
De la apuesta decidida en el verano de 2012 a relegar esta promesa electoral al final de la legislatura autonómica
Alberto Núñez Feijóo tuvo que soportar las acusaciones de «oportunista» cuando, en el verano de 2012, anunció que plantearía una reducción de escaños dentro de los límites que permite el Estatuto de Autonomía. La legislatura encaraba su recta final, el runrún por un posible adelanto de los comicios cobraba cada vez más fuerza y la oposición se lanzó en tromba contra la propuesta del PP. Entonces, con buen criterio, Feijóo se guardó el anuncio para el programa electoral de 2012, el mismo con el que logró aumentar a 41 sus diputados en la Cámara.
Dos años y medio después, la tan necesaria reforma de los diputados se encuentra en vía muerta porque el PP tiene miedo de acometerla en solitario . Así de sencillo. La justificación oficial es que todavía se encuentra en proceso de negociación con el resto de grupos, pero éstos ya le han dicho que en ningún caso apoyarán la rebaja de diputados que plantea Feijóo.
El acuerdo para rebajar de 75 a 61 los parlamentarios del hemiciclo autonómico es, simplemente, imposible con la actual oposición. Con una izquierda en mínimos, la reducción de escaños supondría una representación todavía menor, y por tanto, unos menores ingresos procedentes del porcentaje que mensualmente le retienen a sus correspondientes diputados. Es decir, hay una componente económica en la ecuación, convenientemente maquillada bajo el discurso de la representatividad .
La semana pasada, en un desayuno con los periodistas parlamentarios, Pedro Puy indicó que esta rebaja de escaños que tanta prisa le corría a Feijóo en junio de 2012 ha dejado de ser una prioridad, afirmación secundada por el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda. Y de nuevo, el argumento es que todavía resta legislatura y tiempo queda para volver a retomar esta promesa electoral estrella. Lo volvía a repetir el jueves el propio presidente autonómico, para quien ahora la «prioridad» pasa por «acordar» las medidas de impulso democrático. «Y no quiero que se utilice como excusa la reducción de escaños para no aprobarlas», zanjaba.
El PPdeG comete un grave error relegando esta reforma. Porque con la sucesión de citas electorales que se avecinan —municipales y generales en apenas seis meses—, afrontar la reducción de diputados va a interpretarse como una reacción a los resultados que se cosechen en las urnas, principalmente si son adversos. Y no digamos si se hace a escasos meses de las autonómicas, el mismo escenario en el que Feijóo dio marcha atrás a su anuncio inicial en aquel 2012.
Laberinto con dos salidas
El laberinto en el que se han adentrado los populares gallegos tiene únicamente dos salidas: reconocer que no cumplirá esta promesa electoral y por la que fue aplaudido en la opinión pública española al igual que otros homólogos autonómicos —véase María Dolores de Cospedal en Castilla- La Mancha—, o utilizar la mayoría absoluta reforzada que le concedieron los gallegos para hacer bueno su compromiso programático.
Si esta reforma se hubiera afrontado a comienzos de 2013, con la legislatura desperezándose y con dos años de margen hasta la siguiente cita electoral, su desgaste habría sido amortizado, y obligaría a la oposición a posicionarse: tendrían que prometer ampliar los diputados de la Cámara en el actual momento, con una sociedad sensibilizada ante los desmanes de la clase política. No lo hizo y ahora arrastra ese lastre.
El riesgo de no cumplir con la palabra dada es dañino para el centroderecha, a la que se le ha imputado como pecado original el haberse saltado sus promesas para combatir la crisis económica. Sobre todo para una reforma estructural como era la rebaja de los diputados en un Parlamento que, durante esta legislatura, ha generado más momentos de bochorno para la ciudadanía que de orgullo por sus instituciones propias.
Y sobre todo, después de que el PP lanzara el pasado verano otro debate estéril, como fue la modificación de la ley electoral para que gobernara la fuerza más votada en las elecciones municipales, un globo sonda que quedó en nada y evidenció los complejos del centro-derecha para abordar reformas de calado en el funcionamiento del sistema. La izquierda para eso es bastante más resuelta.
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