La Catedral no podrá usar el dinero robado por Castiñeiras hasta que se dicte sentencia

El ladrón confeso del «Códice Calixtino», José Manuel Fernández Castiñeiras, regresa a la primera línea de la actualidad con el primero de los juicios a los que se enfrenta por diferentes presuntos delitos, varios de los cuales le podrían acarrear penas mayores que haber hurtado la joya medieval del santuario jacobeo. Entre hoy y mañana, tendrá que responder sobre el presunto robo de la correspondencia de sus vecinos. A partir del lunes —y durante doce jornadas— llegará el momento del sonado robado del manuscrito y de una abultada cantidad de dinero del templo compostelano de la que se habría ido apropiando a lo largo de dos décadas.

En coincidencia con el juicio, ayer se conoció que esa cantidad ya ha sido devuelta a la Catedral, aunque según explican a ABC fuentes eclesiásticas, la Iglesia no podrá hacer uso de este montante hasta que haya una sentencia en firme, lo que podría demorar su empleo varios años en el caso de que el acusado llegara a recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Provincial de La Coruña, órgano encargado de dirimir este famoso caso.

En conjunto, el dinero que le fue intervenido a Castiñeiras tras la recuperación del «Códice» en julio de 2012, un año después de que se lo llevara del santuario, asciende a 1.679.870,80 euros, a lo que se añaden 30.106 dólares. Para poder recibirlos, el Cabildo catedralicio tuvo que depositar ya en el pasado mes de noviembre un aval bancario para lo que necesitó solicitar un préstamo. Es la fórmula habitual de gestionar estas situaciones pues, durante el juicio, se tendrá que demostrar que, en efecto, todo ese dinero fue robado y ni uno sólo de esos euros pertenecía al patrimonio de Castiñeiras. Una estrategia de defensa podría ser que intente probar que parte de esa cifra la obtuvo por medios lícitos, en cuyo caso la Catedral tendría que devolver la cantidad correspondiente. De hecho, Castiñeiras —imputado en el caso junto a su mujer y a su hijo, aunque cada uno con diferentes delitos— recurrió la devolución de este dinero al templo, lo que fue desestimado. Como por ahora no se puede disponer del efectivo, en el santuario del Apóstol no han pensado ni siquiera a qué cuestiones —sociales, culturales o de culto, por citar algunos ejemplos— se dedicaría.

Castiñeiras, que trabajó como electricista en esta institución religiosa, será juzgado entre hoy y mañana por la sustracción de las cartas de sus vecinos en Milladoiro, un barrio —donde ya no reside— en las afueras de Santiago. Por este motivo, la Fiscalía solicita 243 años de prisión. Se trata de 162 presuntos delitos contra la intimidad y por cada uno de ellos se reclaman 18 meses de cárcel. Además, se le pide una multa a razón de 30 euros diarios durante 15 meses y una indemnización por el daño moral causado. En conjunto, la multa ascendería a 2.187.000 euros, mucho más que el dinero supuestamente sustraído a la Catedral, que tras el robo ha mejorado sus sistemas de administración.