Una ONG despide a 95 discapacitados tras beneficiarse de subvenciones

La vida laboral de los trabajadores de la Rede Galega de Kioscos tiene un final incierto. Se trata de noventa personas que trabajan a diario vendiendo periódicos. La empresa matriz, Galega de Economía Social , solicitó la declaración de un concurso voluntario de acreedores en noviembre pasado. Ahora, pasados los meses y con el nombramiento de un administrador concursal, se enfrentan a la desaparición definitiva de una empresa de carácter social y que recibe ingentes cantidades de dinero público.

Los movimientos de Galega de Economía Social, según denuncia el sindicato CIG, vienen de meses atrás. Tras participar en varias convocatorias públicas y percibir el pasado mayo 250.000 euros destinados a subvencionar el salario de los trabajadores y en el mes de junio otros 458.000 euros para que la empresa presentase un plan de viabilidad, los administradores sostienen que ha llegado el momento de echar el cierre. El sindicato no tiene dudas, y a través de la portavoz Carmiña Naveiro aclaran que «desde el 30 de octubre ya dieron orden de retirar el material de los kioscos y, además, pensamos que se deja de pagar a los acreedores para crear deudas y justificar el concurso voluntario con un ERE extintivo». Como dato relevante, la sindicalista aseguró que a lo largo de 2003 la empresa matriz recibió tres millones de euros .

La voluntad de la compañía es llegar hasta el final. La última reunión con el administrador concursal, celebrada hace tres días, sirvió para que los representantes de los trabajadores solicitasen el pago de los salarios atrasados de 645 euros al mes pero, según la central, el administrador respondió que los fondos estaban pensados para otro tipo de contingencias.

La situación de los trabajadores es delicada y padecen problemas importantes de salud. De momento continúan asistiendo a su trabajo, pero con la incertidumbre de que su futuro laboral es «muy negro». Por su parte, la empresa, a través de una colaboradora, asegura que « nos encontramos ante un procedimiento judicial abierto y el único que puede hacer declaraciones es el administrador».