De Lara investiga facturas al secretario general de Emigración en la supuesta financiación ilegal del PP de Orense
Amplía la petición de datos de facturación al ver «refrendadas» las afirmaciones del exgerente
La juez instructora de la «operación Pokemon», Pilar de Lara, ha emitido un nuevo auto para recabar más documentación a una televisión local y dos agencias de publicidad con las sospechas que reitera y ve «refrendadas» de que el PP de Orense « se habría podido financiar ilícitamente a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia» utilizando para ello a estas tres empresas.
En concreto, según el auto, a la agencia Pla&Nos (Gallega de Publicidad & Diseño) le pide que facilite las facturas emitidas desde el año 2005 hasta la actualidad de una veintena de dirigentes del PP ourensano, entre los que se encuentran el actual secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Castro.
En la relación de facturas que demanda a esta empresa están también los diputados Enrique «Poly» Nóvoa y Marta Rodríguez-Vispo; el actual presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco; y su padre y antecesor al frente de la Diputación , José Luis Baltar Pumar; así como el vicepresidente de la Cámara, Miguel Santalices.
También incluye a otros dirigentes populares como Mónica Mourelo Pérez, Francisco Javier Rodríguez Novoa, José Luis Sousa López, Eloína Núñez, José Araújo Fernández, Belén Iglesias Cortés, José Mario Guede González, Aurelio Gómez Villar, Odilo Masid, Francisco Carlos Campos Sanmartín, Noelia Pérez, Amparo González y María Luisa Valladares. De todos ellos se pide, igualmente, que se especifique de forma detallada los encargos realizados, así como la identificación de quienes lo formulasen aportando las hojas de encargo de los pedidos, así como los medios de pago y sus justificantes.
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