La Xunta se ajustará a la Ley de Transparencia en tres meses pese a tener dos años de plazo
Feijóo espera reformar la normativa autonómica en el primer trimestre de 2015 y recuerda que medidas de este corte «ya estaban en vigor en Galicia»
No sólo la política económica de Galicia durante los últimos cinco años —basada en un control del déficit— fue un ejemplo a seguir para el presidente del Gobierno cuando llegó a la Moncloa. Mariano Rajoy también parece haberse mirado ahora en el espejo gallego para impulsar una mayor transparencia en la Administración pública. De ahí que desde la Xunta no hayan dudado en aplaudir la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y, al mismo tiempo, sacar pecho por lo realizado en la Comunidad en este ámbito hasta el momento.
«Es la primera vez que se conocen estos datos en 40 años de democracia. Es un avance sin precedentes», resaltó ayer el presidente de la Xunta, quien se comprometió a adaptar la normativa de transparencia autonómica —vigente desde el 2006— a la ley estatal en un corto período de tiempo: apenas tres meses. Pese a que tanto ayuntamientos como autonomías tienen dos años de plazo para llevarlo a la práctica, Alberto Núñez Feijóo maneja un horizonte temporal más inmediato que lejano. «Espero que en el primer trimestre del próximo año tengamos el elenco legislativo necesario», concretó al ser cuestionado al respecto.
Pero «eso no significa que vayamos adoptando decisiones parciales», prosiguió el titular autonómico, pues durante estos ocho años se han desarrollado iniciativas en favor de la transparencia. La penúltima, propuesta por Feijóo en el Debate sobre el estado de la Autonomía y elevada al Consello Consultivo para que formule un proyecto concreto, pasa por limitar la financiación de los partidos políticos a las aportaciones de militantes y cargos . Es decir, quedarían prohibidas las donaciones empresariales. Se trata de una iniciativa avanzada también recientemente por Rajoy en el Congreso dentro de su paquete anticorrupción.
El análisis del contexto permite a Feijóo hablar sin tapujos: «En Galicia, la transparencia ya estaba en vigor» e incluso en ciertos aspectos incluidos en la normativa estatal, «la superamos», especificó. Uno de esos sería la contratación pública. Por ejemplo, las cuantías de los contratos menores se redujeron a la mitad. Si antes, los orientados a obras podían alcanzar los 50.000 euros, ahora sólo llegan a los 25.000. Y en los destinados a servicios se aplica la misma tabla: de 18.000 a 9.000. Además, y en cumplimiento de una ley aprobada el año pasado, todos los que excedan esos umbrales pasan a depender del mismo sistema que las adjudicaciones mediante procedimientos negociados, esto es, la invitación de tres empresas con tres ofertas.
Ofertas rivales conocidas
Precisamente, en este último campo profundizó ayer la Xunta. En virtud de lo recogido en el Plan de mejora de la contratación pública —sustentado en «maximizar» la concurrencia en los diferentes procesos— y con el objetivo de seguir ahondando en la transparencia en este ámbito, el Consello dio luz verde a un acuerdo mediante el cual las empresas participantes en los procedimientos negociados podrán conocer, una vez se incluyan las cláusulas precisas, las «características esenciales» de las ofertas de sus rivales antes de que se realice la adjudicación. Este tipo de contratos oscilan entre los 50.000 y 200.000 euros en el caso de obras y entre 18.000 y 60.000 para servicios.
La intención no es otra que buscar una «contratación pública eficiente y responsable» fomentando, para lograrla, una mayor competencia entre los licitadores. A éstos se les dará la oportunidad de, una vez repasadas las ofertas de sus competidores, cambiar su propia propuesta para hacerla más competitiva a efectos de presupuesto. Es más, la «Administración podrá convocar a los que ya modificaron precios a una última ronda por si quieren introducir algún cambio más antes de la adjudicación», concretó Feijóo.
Aunque el acuerdo se llevará a la práctica en forma de decreto, tal y como explicó el jefe de San Caetano, no se desecha la posibilidad de elevarlo a rango de ley. Porque al igual que con la normativa estatal de transparencia, Galicia prefiere ir un paso por delante.
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