Ningún cargo público autonómico cobra más que el presidente gallego

La condición de Galicia de pionera en la transparencia de la gestión pública la concede la hemeroteca. En 2006, el entonces bipartito PSOE-BNG aprobaba la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas, la primera en España y que reciclaba algunas disposiciones dispersas de la época Fraga. En la norma se contemplaba dar publicidad a través de las webs oficiales a los sueldos del presidente de la Xunta, los conselleiros, altos cargos y puestos de confianza de la administración. Además, se incorporaba la posibilidad de conocer por el mismo canal procedimientos administrativos como adjudicaciones públicas, convenios de colaboración e incluso normas legales en elaboración.

Tras el cambio de gobierno, el PP implementaba en 2011 la normativa autonómica con un Decreto que establecía que ningún cargo de la administración pudiera superar la retribución del presidente de la Xunta, una anomalía que se venía produciendo reiteradamente en las empresas de la denominada «administración paralela».

En la Ley 1/2012 de Medidas Temporales del Empleo Público se suprimía el «plus» de altos cargos, aprobado durante la etapa del bipartito. Y ese mismo año, la Ley 9/2012 trazaba incompatibilidades a los expresidentes de la Xunta, que no podrían cobrar la prestación pública derivada de su cargo si percibieran otros ingresos.

El gobierno gallego publicó en febrero de 2013 íntegramente la declaración de renta y patrimonio de todos sus integrantes, algo que se instauró por ley para cada comienzo y final de legislatura. Apenas un mes después lo emulaban los parlamentarios autonómicos, que también transparentaban sus bienes a través del acuerdo entre los partidos políticos.

En septiembre de este año, la Xunta aprobaba su código ético, en el que restringe aún más las limitaciones para aceptar regalos de cortesía y protocolarios no ya de cargos públicos, sino también de funcionarios. También se prohíbe disfrutar de préstamos a interés cero o condonaciones de deuda por entidades que tengan relaciones con la administración autonómica, introduce garantías añadidas de transparencia en los procesos de contratación de personal o ratifica la prohibición del uso privado del parque móvil oficial.