El TSJG reprendió a De Lara por enviar informes de Aduanas sin soporte legal
En una providencia, el instructor de la pieza de Paula Prado advierte a la juez de que es el único competente para investigar a esta aforada autonómica
Nuevo varapalo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la juez Pilar de Lara, y de nuevo por sus particulares modos de instruir las causas judiciales que investiga desde su juzgado de Lugo. En esta ocasión, el magistrado Pablo Saavedra, instructor de la pieza separada sobre Paula Prado en el marco de la «operación Pokemon», reprendió a través de una durísima providencia a la juez por, entre otros motivos, el envío de documentación sobre la diputada, que ahora es competencia exclusiva del TSXG al ser aforada.
En la providencia a la que ha tenido acceso ABC, fechada el pasado 31 de octubre, Saavedra señala que «sorprende que a estas alturas se siga remitiendo (...) documentación-informe de Vigilancia Aduanera» con fecha de 20 de octubre —es decir, un mes después de que el TSXG asumiera como propia la investigación de la diputada—. Además, censura a De Lara que esos informes se envíen al Tribunal Superior «sin que conste la resolución que la acordó ni la fecha de ésta, por lo que procede su devolución al juzgado de procedencia, sin que quede constancia de dicha documentación en las presentes actuaciones».
El correctivo de Saavedra a De Lara no es menor, porque le está advirtiendo claramente que algunos de los informes de Aduanas carecen del oficio judicial preceptivo para su elaboración, es decir, no tienen el sustento legal que les otorga validez jurídica. Ante esta situación, el magistrado rechaza su inclusión en su investigación y los manda de regreso a Lugo, «debiendo acordar ese Juzgado el cese de cualquier investigación o instrucción al respecto».
El recado que envía el magistrado lleva implícita una censura a la actuación de Pilar de Lara. Desde que el TSXG acordó el pasado 19 de septiembre aceptar la investigación sobre la pieza separada de Paula Prado, la juez de Lugo ha seguido remitiendo informes de Aduanas al instructor, arguyendo que se trataban de documentación derivada de las actuaciones practicadas en el pasado.
Los motivos de la juez bien podrían pasar por el hecho de que el TSXG desmontó buena parte de su instrucción al rebajar de siete a tres los presuntos delitos por los que investigar a Prado , desechando, por ejemplo, todo lo relativo a su marido, al que De Lara situaba como supuesto beneficiario de la actividad pública de la diputada durante su etapa de concejala en Santiago. La pataleta de la juez la llevó a mantener el goteo de informes con dirección al Superior, a pesar de que el plazo para que remitiera toda la documentación dado por la Sala Civil y Penal finalizó meses atrás.
No es la primera vez que De Lara actúa así ante un juzgado cuando otro compañero decide dar carpetazo total o parcial a sus investigaciones . En el «caso Patterson», otra pieza separada que remitió a Santiago pero que surgió de sus escuchas masivas en el marco de la «Pokemon», cuando el juez Lago Louro decretó el archivo de la causa le remitió documentación adicional para intentar mantener vivo el proceso.
Advertencia a Aduanas
La providencia del magistrado también envía una advertencia a Aduanas, al indicarle que «en lo sucesivo y en todo caso se dirija a este instructor» para cualquier investigación relativa a Paula Prado, ya que es «el único que puede acordar la práctica de diligencias» sobre la diputada, por su condición de aforada. De un modo más sutil, el TSXG también rebate las afirmaciones realizadas por Pilar de Lara en las últimas semanas en las que decía conocer la asunción de la pieza de Prado «por la prensa», ya que esa decisión no le fue notificada a su Juzgado.
En la providencia, Saavedra afirma que de esa resolución «tiene conocimiento por habérsele remitido testimonio de la misma». Al menos ahora De Lara podrá comprobar qué se siente al enterarse por la prensa de decisiones judiciales, queja expresada por una gran parte de los implicados en las causas que ella instruye y sobre las que teóricamente se había decretado un secreto en las actuaciones.
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