Las sombras de nulidad se acumulan en la instrucción de la «operación Pokemon»

Dos años después del comienzo de las actuaciones, la «operación Pokemon» enfila una teórica recta final acumulando dudas sobre la instrucción de Pilar de Lara, con las defensas de algunos implicados alertando de la violación de derechos fundamentales en todo este proceso, el más importante contra la corrupción de los que se desarrolla en Galicia.

La última de las dudas tiene que ver con la posible dejación de funciones de la juez, al encargar a Vigilancia Aduanera la elaboración de informes sobre las personas investigadas que carecerían del oficio judicial preceptivo, tal y como ha señalado el Tribunal Superior de Xustiza en una providencia que hoy publica ABC .

De Lara se ha apoyado en los informes e interpretaciones de Aduanas para construir su relato de los hechos supuestamente delictivos, pero tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones la doctrina jurisprudencial, si esa documentación no está sustentada en indicaciones claras del juez instructor, carecen de validez y no deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la investigación.

A eso se añade que incluso cuando esos informes sí tienen soporte legal, su contenido es abiertamente erróneo, como se hizo público y notorio la pasada semana en la equivocada identificación del alcalde de Ferrol , José Manuel Rey. Una simple prueba pericial fonométrica valió para desimputar al regidor y, de paso, alimentar el debate sobre el rigor en la investigación de Aduanas y, por extensión, de la propia jueza.

Pero sin duda, los nubarrones se ciernen ante una posible vulneración del principio constitucional al juez predeterminado por la ley. Las defensas consideran que De Lara lo habría vulnerado al apropiarse de la «operación Pokemon» cuando investigaba la «trama Carioca» en prostíbulos de la capital lucense, y que ello podría echar al traste estos tres años de actuaciones judiciales.

No sería la primera vez que se tumba toda una instrucción por este grave error formal. Otra instructora lucense, Estela San José, ha visto como en el último año la Audiencia Provincial le ha archivado dos causas contra la corrupción —los casos Multas y Castro de Rei— por vulneración del principio a juez predeterminado.