Los acuerdos de gobierno del bipartito pontevedrés, papel mojado
El análisis del pacto suscrito en 2011 por socialistas y nacionalistas arroja una lectura negativa en sus líneas rojas
Una declaración de intenciones, por parte del bipartito pontevedrés, que hoy es papel mojado. El acuerdo suscrito entre socialistas y nacionalistas en 2011 hace aguas en sus puntos básicos. De las medidas que marcaban hace ahora cuatro años, las líneas rojas del programa pactado por Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) y Antón Louro (PSOE), poco queda salvo aquellas que dependían de otras administraciones. Caso de la rotonda urbana (Diputación), circunvalación (Fomento), estación de autobuses (Xunta) o el suministro de agua (Acuaes), entre otros.
Nada del prometido gobierno «único y solidario», con diferencias irreconciliables entre los socios que trascienden el ámbito político en asuntos claves para la ciudad; el desempleo mantiene su línea ascendentey la reducción de gastos, por el momento, no ha sido posible. Mientras, Fernández Lores sigue sin tener hueco en la agenda para el comprometido mayor protagonismo a la participación social. La puerta de su despacho está cerrada a los colectivos de Salvemos A Fracha (contra el proyecto de la A-57) y Crematorios non, así como la Federación Boa Vila o la Asociación de Vecinos Río Lérez. Y no será porque no hayan llamado veces a su timbre. Hecho al que se suma que el órgano creado en 2007 para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, la comisión especial de Suxerencias e Reclamacións, sigue sin celebrarse, cuando se había anunciado su convocatoria cada dos meses.
Y mientras los pontevedreses observan este espectáculo desde la barrera, muchos de ellos siguen sin saneamiento y acceso a los servicios básicos —las actuaciones en este ámbito se han centrado en el núcleo urbano, dando la espalda a los barrios periféricos y las parroquias—. El análisis arroja así una lectura negativa que difícilmente invita a la doble interpretación.
«Las medidas más importantes serán: esfuerzo máximo del Concello como elemento dinamizador de la economía y generador de empleo a través del esfuerzo inversor y de todas las medidas, que, dentro de las posibilidades, se puedan acometer», rezan los principios básicos del pacto de gobierno. Pontevedra cerraba el mes de octubre con 8.000 parados, una cifra inasumible, como bien reconoció el concejal socialista de Educación y Deportes, Agustín Fernández, «sin que las administraciones pongan sus recursos a trabajar».
El edil, que no oculta su intención de ganar puntos de cara a las primarias del PSdeG para encabezar la lista por Pontevedra, se ha convertido en el principal azote de los nacionalistas. Sus desacuerdos con el equipo de Lores en la corporación del Lérez se hacen si cabe más evidentes que los del portavoz municipal del grupo socialista y teniente de alcalde, Antón Louro.
Nuevos «antiguos» retos
Fernández sitúa así como metas nuevas retos a los que se había comprometido ya su grupo cuando el pacto, como es el caso del Plan Xeral de Ordenación Municipal que el BNG mantiene bajo llave en un cajón. En concreto el documento recoge que se impulsará «el nuevo proyecto del PXOM como elemento necesario para el desarrollo armónico del Concello, con la colaboración de la Xunta». Extremo este último que no parecen estar dispuestos a aceptar desde el ala nacionalista, pese a existir un acuerdo plenario que le obliga a ello.
Claro lo dejaba César Mosquera, el concejal de Infraestructuras, cuando aseguraba que «es mejor mantener el plan actual y hacer actuaciones concretas antes de aceptar las condiciones planteadas por el gobierno gallego —calificar como suelo industrial el espacio que ocupa Ence y construir el nuevo hospital de Monte Carrasco—». Y de nuevo; unos por otros, la casa sin barrer.
En materia sanitaria, es precisamente la propuesta del Hospital único en Montecelo la que supone uno de los pocos compromisos cumplidos en el marco de otros aspectos programáticos. Prometieron que se pronunciarían y así lo han hecho, pero presentado un recurso judicial y negándose a firmar el convenio con la Xunta.
La «apuesta por la profundización en las políticas sociales» tampoco gana en estos cuatro años. Las partidas destinadas a Bienestar Social, y que en 2010 suponían el 5,4 por ciento, se reducen hasta el 4,7. Enfrente, el incremento de los gastos corrientes, cuya reducción era otra de las líneas rojas de la coalición. Estos suponen hoy un coste de 3 millones más respecto a las cuentas de 2011 (26.244.319,87 euros frente a los 29.288.063,09 actuales).
Presión fiscal
Otra de las intenciones que no pasa de este calificativo, es la de mantener la presión fiscal lo más baja posible «con los reajustes necesarios para asegurar la prestación de los servicios, pero siempre por debajo del IPC, cuando menos hasta superar la crisis económica». Una medida que, en el mejor de los casos, ha visto cómo se aplicaba de mínimo la tasa anual del índice.
Tampoco ha encontrado hueco en la agenda del gobierno del Lérez el impulso a las «políticas activas de empleo y todas las medidas adecuadas para combatir el paro». Su actuación en este campo se limita a 150.000 euros para becas y formación, tras anunciar la finalización de los cursos de inserción para desempleados, Proyecto ILES.
En este mismo escenario, el esfuerzo inversor se queda a la mitad. Con una horquilla marcada entre 55 y 75 millones de euros para todo el mandato, que los socios ya condicionaban a la «evolución de las variables económicas generales», las inversiones reales, según el presupuesto, suman la cifra de 23.079.606,44 euros a punto de culminar la presente legislatura.
Y suma, y sigue. La gran apuesta por convertir la ciudad en destino turístico, congresual y ferial mantiene en coma inducido el Plan de Dinamización Terras de Pontevedra.
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