La Audiencia de Lugo carga contra los sumarios secretos de De Lara

En la providencia que la juez Pilar de Lara dictó hace un mes para desestimar el incidente de nulidad de actuaciones impulsado por la defensa del teniente de alcalde de La Coruña, Julio Flores, la magistrada se jactaba del apoyo casi incondicional que la Audiencia Provincial de Lugo brindaba a su forma de actuar, manteniendo el secreto de sus sumarios durante meses e incluso años. «Al letrado siempre le cabe la posibilidad de recurrir contra los sucesivos autos de prórroga de secreto [...], recursos que, por cierto, al menos de momento, han sido todos íntegramente desestimados por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Lugo», afirmaba la magistrada el día 9 de octubre, desviándose del asunto principal que motivaba la petición de nulidad.

Releyendo ese auto un mes después, podría decirse que Pilar de Lara ha sido gafe. Desde esa fecha, el tribunal lucense le ha instado no en una, sino en dos ocasiones, a levantar en un período máximo de dos meses el secreto de sumario que pesa todavía sobre parte de las diligencias previas 335/14, una de las múltiples «hijas» de la «operación Pokemon» . Los numerosos abogados defensores personados en la causa (fuentes jurídicas cuentan ya hasta 135 letrados) se sienten impotentes porque desconocen qué se esconde en ese sumario.

La Audiencia, en dos autos fechados el 13 y el 17 de octubre, daba parcialmente la razón a las defensas del exconcejal en Santiago Albino Vázquez y el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco. El primero de los autos recordaba un principio básico del Derecho: «El proceso penal ha de ser público para las partes» y el secreto de sumario debe ser empleado «de forma limitada y no expansiva».

Hoy por hoy, se señala en el auto, los «únicos conocedores en las diligencias previas 335/14» son el Ministerio Fiscal y la propia De Lara. Un informe de esta última pone de manifiesto que, en este asunto, a Albino Vázquez las investigaciones «solo le afectan de manera refleja y no directa». Así pues, decreta que se levante el secreto de sumario en dos meses como máximo, presuponiéndose que cuentan a partir de la fecha de emisión del auto.

En el texto que remitió el mismo organismo cuatro días después, ante un recurso de la defensa de Orozco, precisa que también debe pasar a ser pública la parte de las diligencias que le afectan, pero sólo las relacionadas con el Grupo Vendex.