«operación zeta»
La Policía atribuye a Crespo un patrimonio de cuatro millones
Como gastos del cabecilla de la red se contabilizan tres hipotecas, una contribución a una galería de arte, la cuota del club náutico, su fondo de pensiones, el pago del coche de su mujer o dos colegios privados de alto nivel en La Coruña, entre otros
Tras su detención la pasada semana, el abogado de Gerardo Crespo, cabecilla de la presunta red de empresas fantasma que captaba de manera fraudulenta subvenciones públicas, aseguró que su cliente no se había lucrado con sus sociedades, que estaban «en quiebra» tras entrar en concurso de acreedores, se encontraba «arruinado» y que tenía «las cuentas embargadas».
Lo cierto es que los informes policiales no dibujan a un Gerardo Crespo insolvente, sino que le imputan un nivel de vida no ya acomodado, sino directamente elevado. «En la documentación se observa cómo los gastos mensuales contabilizados personales superaban los 5.000 euros», indican los investigadores. Entre los gastos, tres hipotecas, una contribución a una galería de arte, la cuota del club náutico, su fondo de pensiones, el pago del coche de su mujer, dos colegios privados de alto nivel en La Coruña, un club deportivo, etc.
En total, la Policía le atribuye al «arruinado» empresario «un patrimonio superior a los 4 millones de euros». En el listado aparecen tres inmuebles titularidad de Artabria, su sociedad inmobiliaria, por un valor de más de 1,8 millones de euros (en la ciudad coruñesa y Ribeira); una casa en Bergondo imputada a Gecreri por un valor estimado superior a los 780.000 euros y hasta seis inmuebles más a nombre de Crespo y su esposa, repartidos por la capital herculina, entre los que se encuentra la nave del polígono de La Grela, que servía de sede para Azetanet.
Además, el mismo informe policial calcula que el empresario podría tener fondos financieros inmovilizados por valor de más de 800.000 euros.
La causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña se sigue por supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa, y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. En su primera estimación, el juez instructor considera que la cantidad defraudada podría rondar los veinte millones de euros .
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