Dos sindicalistas no consiguen informes favorables a su indulto

Solo dos de los seis sindicalistas condenados a tres años de cárcel por altercados durante distintas huelgas cuentan con informes favorables a su indulto por parte del tribunal que les condenó y del fiscal; otros dos solo tienen el visto bueno del Ministerio Público y los de la última pareja son contrarios a la medida de gracia. La solicitud de indulto de los primeros condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores ya está en manos del Ministerio de Justicia, que ahora tendrá que formular una propuesta de resolución y llevarla al Consejo de Ministros. Sobre esta decisión planea la sombra de los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que lejos de condenar estos actos violentos, han acusado a la Fiscalía de criminalizar los «movimientos sociales y sindicales».

Para el Gobierno, estos indultos son una patata caliente, más en un momento en el que el Congreso va a estudiar la reforma del artículo 315 del Código Penal por el que estos seis piquetes han sido condenados a tres años y un día. Si se les concediera el indulto, ya sea de forma total o parcial (con una rebaja de la condena de tres a dos años ya no tendrían que ir a prisión) pasarían a formar parte de ese exiguo 1,35 por ciento de los acordados en lo que va de año. En el caso de los dos trabajadores que cuentan con informes desfavorables, su concesión resultaría aún más llamativa, pues a raíz de la decisión sobre el «kamikaze» de Valencia (que también contaba con informes desfavorables), el Supremo obligó al Ejecutivo a motivar las «razones de justicia y equidad» que justifican la concesión de esta medida, lo que, pese a no ser vinculante, ha convertido los indultos con informes desfavorables en una auténtica excepción. Tanto es así que sólo dos personas se han visto agraciadas en 2014 en estas circunstancias.

Se trata de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez. El 21 de abril de 2008, en el transcurso de la huelga convocada en el sector del transporte, se concentraron junto con otras 70 personas en la entrada del Consorcio de la zona franca de Vigo. «Cuando aparecen en dicho lugar una caravana de camiones conducidos por trabajadores que no secundaban dicha huelga, actuando de común acuerdo y con la intención de impedirles su legítimo ejercicio del derecho al trabajo, les impidieron el paso (...) y les lanzaron objetos y piedras» que alcanzaron a dos de los vehículos, según los hechos probados de la sentencia.