Bruselas cuestiona que Navantia no pague por el IBI a Ferrol

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cree que la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la que se beneficia Navantia podría constituir una ayuda de Estado, prohibida por la legislación comunitaria. Así se lo hace saber, en una sentencia con fecha del jueves, al Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, que consultó a Bruselas sobre su parecer al respecto de esta ventaja fiscal. Y a pesar de que en su pronunciamiento es claro al cuestionar que la empresa privada de capital íntegramente público no pague el gravamen, la Corte luxemburguesa deja en manos de la legislación española la decisión final sobre esta cuestión.

Argumenta el tribunal europeo que la parcela de la que dispone el astillero en la ciudad departamental (cedido su uso por el Estado a la empresa pública a razón de un euro anual desde 2001), «produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia».

Y esta no es la primera vez que desde Bruselas se pronuncian en este sentido. En una sentencia anterior, fechada el pasado mes de abril, ya se reconocía el derecho de Ferrol a cobrar el IBI a Navantia. Su origen se enmarca en un dictamen desfavorable para el Concello, de entre los muchos litigios que mantiene abiertos a Navantia . Este fue paralizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, a su vez, solicitó un informe de las autoridades europeas en el que se da la razón a Ferrol.

Un impuesto que representa para el Ayuntamiento el 1 por ciento de su presupuesto municipal y que, en el caso concreto del astillero, se dejó de abonar en el año 2008 cuando el Estado español y la empresa solicitaron al concello acogerse a la exención tributaria. Este importe, según recoge el auto al que tuvo acceso ABC, se elevaba a 590.308,77 euros en 2010.

Al respecto de esta última respuesta se pronunciaba este jueves su alcalde, quien espera que ahora «se actúe en consecuencia». El popular José Manuel Rey Varela solicitó así a Navantia que cese en sus recursos judiciales y «pague como cualquier particular, cumpliendo con ello sus obligaciones fiscales».

Satisfecho con que el TJUE haya dado la razón al Ayuntamiento, tras recordar que hasta el momento todas las sentencias le favorecen, insistió en que los astilleros tienen que abonar la cuantía correspondiente «como otra empresa cualquiera», pues realiza su actividad en el mercado privado. En este sentido, el regidor recordó que si trabajaran solo para la defensa nacional entonces «no tendrían que pagar este impuesto, como ocurre con otras propiedades que sí están exentas».