Feijóo propone medidas para que Galicia lidere la lucha contra la corrupción

Alberto Núñez Feijóo ha propuesto, durante su discurso en el Debate sobre el estado de la Autonomía 2014 , el impulso de una serie de medidas de lucha contra la corrupción y mejora de la transparencia que afectarán tanto a la Xunta, como al Parlamento y a los partidos políticos con el fin de que Galicia aspire a «estar por delante revitalizando la democracia».

Entre otras medidas, el presidente gallego ha señalado cambios en los procedimientos negociados, de forma que se permita «a las empresas conocer los proyectos de sus competidores y potenciar el ajuste entre sus respectivas ofertas». También «limitar la capacidad de actuación de los gobiernos en funciones, con la prohibición expresa de aprobar nuevos proyectos de ley, autorizar convenios o comprometer gastos de gran volumen».

Asimismo, se obligará a cada departamento del Gobierno autonómico «a elaborar un Informe de Transición que dé cuenta de su situación». También se forzará a que los altos cargos se inhiban en asuntos «que afecten a los intereses de las empresas de las que ellos o sus familiares formasen parte de los órganos de decisión en los dos años previos al nombramiento».

En cuanto al Parlamento, además de insistir en la reducción del número de diputados , Feijóo ha propuesto la creación de «un nuevo mecanismo de participación que habilite a los ciudadanos para presentar proposiciones de ley» y completar este mismo mes la renovación de instituciones pendientes desde hace tiempo como el Valedor do Pobo. El Consello de Contas tendrá, además, facultad para prevenir prácticas corruptas en la administración.

Los partidos políticos presentes en el hemiciclo en esta primera sesión del Debate de Política General también se verán afectados por estas medidas. Se restringirán sus fondos según lo que se estipule en los presupuestos y según su cuota de afiliados. Para este punto tiende la mano a los grupos de la posición, pues su objetivo es endurecer la regulación estatal sobre la financiación de los partidos, lo que tendrá que hacerse a través de pactos. También se reducirá el gasto en campañas electorales. Su duración bajará hasta los siete días y se limitarán los espacios de propaganda, además de fomentar los debates en los medios de comunicación.