Errores procesales de la juez De Lara podrían tumbar toda la «Pokemon»
El derecho al «juez predeterminado», recogido en la Constitución, amenaza la macrocausa que se inició en 2011. La defensa afirma que la magistrada se apropió, sin elevarla al decanato, de la investigación de este mediático caso
Cualquier agricultor de Galicia sabe que, si en un árbol se pudre el tronco, las ramas tardarán poco tiempo en morir también. Una lección tan básica de horticultura constituye la «doctrina del tronco envenenado», que también se aplica en derecho procesal: cuando el origen de una causa está viciado, sus consecuencias quedan automáticamente anuladas.
Un proceso similar podría estar siguiendo, según apuntan diversas fuentes del mundo del Derecho, la «operación Pokemon » , algo que de confirmarse dejaría en papel mojado absolutamente toda la mediática operación que ha puesto patas arriba el mundo de la política en Galicia. En el origen de la causa, muchos ven la vulneración de un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 24.2: el juez ordinario predeterminado por la ley. Este principio prohibe la arbitrariedad a la hora de ser asignado un magistrado a una causa, una función que recae en el juzgado competente, no en los poderes públicos ni en un juez concreto.
Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y encargada de la investigación de la «operación Pokemon», pudo haber violentado este derecho constitucional al desgajar, allá por el año 2011, esta causa de la que fue su raíz: la «Carioca» . Las célebres diligencias previas 4449/08 (la «matrícula» judicial de la trama de los prostíbulos de Lugo) se le habrían quedado cortas muy pronto a la juez. En la investigación que orbitaba en torno al burdel Queen’s del polígono de O Ceao tenía como ejes unos supuestos delitos de proxenetismo, tráfico ilegal de seres humanos e información privilegiada acerca de redadas que se llevaron a cabo en ese local.
Tirando del hilo a través de intervenciones telefónicas, llegó desde Javier Reguera, uno de los principales imputados en la «Carioca», a las empresas concesionarias de la ORA y la grúa en Lugo, Aparquisa y Cechalva. En ese punto de la investigación, un testigo, José Luis Álvarez, menciona una supuesta vinculación de Cechalva con Doal, filial del Grupo Vendex, y ahí aparece un nombre en el que De Lara vio un nuevo carrete de hilo del que tirar: José María Tutor.
La supuesta trama de corrupción que tejió a su alrededor el delegado del Grupo Vendex en Galicia le sirvió a De Lara, allá por el 2011, para abrir una nueva investigación: las diligencias previas 972/11, más conocidas por el común de los gallegos como «operación Pokemon» . Es exactamente en este punto donde se pudo haber cometido el «pecado original», un grave error procesal sobre el que, si las defensas así lo plantean, decidirá un tribunal.
Causas inconexas
Los presuntos delitos (seis años después, aún no hay sentencia) de la «Carioca», relacionados con la trata de blancas, no tienen nada que ver con los que investiga la «Pokemon» (prevaricación y tráfico de influencias). En el primero de los sumarios se menciona solo una vez a Tutor, clave en el segundo. Lo que establece la legislación procesal en esos casos es que, si Pilar de Lara hubiese apreciado un nexo entre ambas causas, tendría que haber deducido testimonio y enviarlo a reparto . Esto es, para respetar el artículo 24.2 de la Constitución y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, debería haber dado cuenta al Decanato del Juzgado de Lugo de esta nueva trama delictiva que sus investigaciones le habían revelado. Éste, a su vez, tendría que asignarlo a una de los tres juezas de instrucción de la ciudad amurallada: Estela San José, Sandra Piñeiro o la propia De Lara. Pero la mediática instructora —tal y como denuncian las defensas— no dedujo testimonio y se quedó con la «Pokemon».
Un proceso análogo siguió la magistrada cuando, ya en el año 2014, extrajo varias piezas separadas de la operación. La más famosa de entre ellas es la identificada con el número de diligencias previas 335/14: la «operación Pikachu» , que toca La Coruña.
En caso de que la defensa plantee por este motivo un incidente de nulidad contra la causa ante la Audiencia Provincial (el abogado de Julio Flores, Esteban Rico, lo hizo ante De Lara hace un mes y no obtuvo respuesta) y ésta sentencie que se vulneró el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el tronco de la «operación Pokemon» estaría envenenado. Las ramas, es decir, los tomos del voluminoso sumario de la causa, morirían. Todo sería papel mojado y los más de 130 imputados serían absueltos sin más castigo judicial que los largos meses que permanecieron acusados y expuestos a la opinión pública mientras eran todavía inocentes.
Antecedentes recientes
Esta posibilidad, expuesta cada vez por más gente (el último fue el portavoz socialista en el Parlamento gallego, José Luis Méndez Romeu ), tiene su más inmediato reflejo en una sentencia muy reciente: la referida al caso de las multas de Lugo.
La Audiencia Provincial lucense anuló, hace tres meses, toda esta causa y absolvió a sus 23 imputados . El auto explicaba claramente el motivo: «se debió llevar a la oportuna deducción de testimonio y remisión de esta al decanato». La instructora se había «extralimitado». Se trataba de Estela San José, buena amiga de De Lara.
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