Las aulas de dos años arrancan en plena «guerra» con la privada

Desde que la Conselleria de Educación anunciara la puesta en marcha de aulas de 0 a 3 años en colegios públicos de la Comunidad Valenciana, las críticas por parte de las escuelas infantiles privadas han sido inmediatas y continuas.

El programa experimental arranca hoy por fin con la visita del responsable del departamento, Vicent Marzà, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó , al CEIP Federico García Lorca. Sin embargo, la «guerra» con este sector no amaina y su principal ataque es el recorte que supone en la libertad de elección de las familias y la pérdida de alumnos.

Una de las plataformas nacidas a raíz de esta decisión fue «Salvem 0-3», que aglutina a más de cien centros privados y esperan mantener una reunión con Marzà esta misma semana. El planteamiento que pretenden trasladarle es la posibilidad de una «convivencia» entre los dos modelos, ya que, según alertan, con esta iniciativa se pone en peligro la continuidad del 10 por ciento de las escuelas.

Su reclamación es muy similar a la de entidades como la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), desde donde reclaman «priorizar los escasos recursos con los que se cuenta». Así, «Salvem 0-3» propone usar las infraestructuras de estas escuelas, además de su experiencia, para que las familias tengan acceso a la enseñanza gratuita en este tramo de edad, con ayudas en función de la renta y libertad en la elección del centro.

Tanto esta plataforma como Feceval cuestionan el programa de aulas infantiles al considerar que no pueden alcanzar los estándares de calidad conseguidos por las privadas. «Los sistemas pedagógicos implantados, la especialización del personal docente o la adaptación de los espacios hacen que sea muy difícil que el sector público pueda llegar al marco de excelencia conseguido por el privado», indican. De hecho, no descartan acudir a los tribunales si se incumplen los requisitos establecidos en la normativa.

La inversión adicional para acondicionar las instalaciones se une a la pérdida de puestos de trabajo que, según denuncian, podría afectar a 5.000 empleados –la mayoría mujeres– en el caso de que el plan se extendiera a toda la red pública.

Desde la Conselleria de Educación se limitan a señalar que el funcionamiento de las aulas – para las que hay más oferta que demanda de plazas –comenzará hoy con «total normalidad» y «todos los maestros y educadores» en las clases. Además, Marzà defiende que se trata de una propuesta «favorable pedagógicamente».