El nuevo poder local
Cien días de populismo y recorte de libertades
Los tripartitos de izquierdas y nacionalistas imponen restricciones comerciales, de tráfico y religiosas en el arranque de sus mandatos
Los nuevos ayuntamientos emanados de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo cumplen cien días de gobierno. Los comicios propiciaron un vuelco en el poder local sin precedentes en los últimos veinte años. A pesar de que el Partido Popular fue la formación que obtuvo mayor respaldo , con más de 725.000 votos, los pactos entre formaciones de izquierdas, populistas y nacionalistas cambiaron el mapa político valenciano.
El Partido Popular, pese a obtener el triple de concejales que Compromís (2.216 frente a 722) , pasó a la bancada de la oposición en los principales municipios de la región. Alfafar, Benidorm y Orihuela fueron las excepciones de mayor relevancia. Los tripartitos, en cambio, sumaron mayorías de gobierno en las cuatro principales ciudades de la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante, Elche y Castellón), a pesar de que en todas ellas el PP fue el partido más votado.
Los primeros cien días de gobiernos locales formados por Compromís, PSPV y las marcas blancas de Podemos, han estado marcados por medidas populistas y el recorte de libertades , que abarcan desde las cuestiones ideológicas o religiosas hasta las puramente económicas.
La presencia de formaciones como València en Comú o Guanyar Alacant (herederas de los círculos de Podemos) en los pactos de gobierno (a diferencia de la Generalitat, donde la formación optó por tutelar el Ejecutivo pero sin formar parte de él) han condicionado a alcaldes socialistas como Gabriel Echávarri (Alicante), Carlos González (Elche) o Amparo Marco (Castellón) que recuperaron para sus partidos la vara de mando pese a obtener los peores resultados de la historia en sus respectivos municipios.
En Valencia, Joan Ribó ha optado por medidas de sesgo populista , como la orden a la Policía Local de no participar en los desahucios o el ofrecimiento del edificio Veles e Vents de Valencia para albergar a refugiados sirios, que llevan la impronta de la marca con la que Podemos concurrió a las elecciones municipales. Un modelo similar al que han implantado en Madrid y Barcelona Manuela Carmena y Ada Colau , respectivamente. Más allá del efectismo, las medidas de «emergencia social» que planteaban los partidos que formaron los gobiernos triparitos no se han plasmado en los cien primeros días de sus mandatos.
Promesas estrella como la apertura de los comedores escolares en verano quedaron en una declaración de intenciones. De hecho, la demanda estaba cubierta por los presupuestos aprobados por el anterior equipo de gobierno, la Generalitat y las diputaciones. Respecto a la garantía de suministro de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad a todos los ciudadanos afectados por la «pobreza energética», tampoco se han aprobado medidas tangibles, a la espera de la elaboración de los presupuestos para el próximo año. En casos como el del Ayuntamiento de Valencia, el ejecutivo que lidera Joan Ribó estudia la manera de obtener el suministro de energía eléctrica directamente del mercado mayorista.
Modelo económico
Las medidas de mayor calado tomadas por los nuevos gobiernos locales han sido las relativas a las restricciones a la actividad económica , donde han asumido los postulados de los partidos a la izquierda del PSPV.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Alicante ha acordado suprimir la libertad de horarios comerciales en la zona centro y ha declarado la guerra a los veladores. En Valencia, Ribó pretende reducir de cinco a una las zonas declaradas como de afluencia turística en las que desde hace más de dos años está permitida la libertad de horarios comerciales. Mientras, en Paterna, el nuevo gobierno local se ha opuesto al proyecto conocido como Puerto Mediterráneo, que planteaba una inversión superior a los setecientos millones de euros en el municipio del área metropolitana de Valencia.
Prohibiciones ideológicas
Las restricciones al tráfico en Valencia se solapan con las medidas en materia económica . Unas prohibiciones que en diferentes localidades se han extendido a la libertad de conciencia de los concejales para asistir a las procesiones o de los músicos para interpretar el himno de España en los festejos patronales.
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