El PP sopesa acudir a los tribunales para defender la escuela concertada

Las declaraciones del conseller de Educación, Vicent Marzà, en las que aseguraba que « se ha acabado la barra libre para los conciertos educativos » ha supuesto el primer enfrentamiento del nuevo Consell con los padres católicos, quienes ya manifestaron su intención de acudir a los tribunales si se recorta este derecho.

El siguiente en posicionarse frontalmente ha sido el PP, desde donde también se estudia la vía judicial . Las portavoces en las Cortes, Isabel Bonig y María José Catalá, anunciaron este jueves que el grupo parlamentario popular ha presentado una Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno valenciano conformado por el tripartito que respete la «libertad de elección de los padres» a la hora de elegir centro y para recordar que la educación concertada «es un derecho».

En este sentido, han criticado al Ejecutivo autonómico por «ideologizar» esta materia y guiarse por «criterios sectarios», además de mostrarse «francamente preocupada por el contenido y las formas, discriminando a una parte de la sociedad que también les vota». Si no entienden esto, señalaron, «no pueden construir una sociedad pacífica».

En total, son 228.087 alumnos los que estudian en 427 centros de este tipo en la Comunidad Valenciana . Esta educación, además, afecta a 14.355 docentes en plantilla y 10.700 puestos de trabajo indirectos.

En el presupuesto de 2015 la educación pública tiene una dotación de 2.605 millones de euros frente a los 670 de la concertada. Mientras, el gasto por alumno en la pública es 4.580 euros anuales y en la concertada 2.936.