Ximo Puig renuncia a cerrar las diputaciones y les pide apoyo económico al Consell

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se resiste a sacar de su hoja de ruta la desaparición de las diputaciones provinciales , pero esa es una cuestión que no abordará en esta legislatura . Eso, al menos, es lo que se desprende de los primeros contactos que ha mantenido su «enviado» José Manuel Orengo con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner .

Las fuentes del PSPV consultadas por este diario apuntan que el primer encuentro -en el que también participó el alcalde de Villarreal, José Benlloch- sirvió para constatar que Ximo Puig aspira a conseguir líneas de inversión de las corporaciones provinciales que complementen la acción del Consell .

Lo saneadas que están las diputaciones las ha convertido en un objeto de deseo por parte del presidente de la Generalitat, que se encuentra con un panorama tétrico en las arcas autonómicas. Orengo transmitió de forma firme pero sosegada que las diputaciones deberán «colaborar» en diversas actuaciones, aunque siempre se propiciará el consenso . Los parques de bomberos, los planes de empleo y diversas iniciativas sociales serán algunas de las cuestiones en las que el Consell actual requerirá el esfuerzo inversor de las diputaciones.

El grado de consenso que se tenga será fundamental para el devenir de la legislatura, ya que el PP preside la Diputación de Castellón y tiene también muchas opciones de liderar la de Alicante . El PSPV, sin embargo, no tendrá ese grado de prudencia en la de Valencia, donde el alcalde socialista de Onteniente capitaneará la corporación y puede, directamente, ayudar al Consell económicamente y de manera soterrada transferir competencias .

Y es que Puig ha llegado a la conclusión de que no es bueno entrar esta legislatura en una guerra para acelerar la desaparición de las diputaciones, toda vez que también el mapa de poder provincial ha cambiado mucho y el PSOE preside la mayoría de ellas . Además, el aspecto legal no es desdeñable, ya que la Ley de 1983 en la que Puig se ampara para minimizar el papel de las provincias no tiene el reglamento desarrollado. Es más, hay aspectos que chocarían con otras leyes de ámbito nacional (y la propia Constitución) que abocan a un largo litigio.