TRIBUNALES

El juez archiva una de las causas contra la antigua cúpula del Banco de Valencia

El Banco de España cifró en 12,6 millones el perjuicio causado por la concesión de créditos a Royactura

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El juez de la Audiencia Naciona l Santiago Pedraz ha archivado una de las piezas que abrió por créditos irregulares contra los responsables del Banco de Valencia, entre ellos su exconsejero delegado Domingo Parra, pese a que el Banco de España ha cifrado en 12,6 millones el perjuicio causado.

En un auto, el magistrado recoge la tesis de la Fiscalía Anticorrupción para concluir que en la "financiación concedida a Royactura no queda acreditada irregularidad alguna relevante desde el punto de vista penal ", y que el perjuicio generado "no era previsible" en 2006, cuando se otorgaron los créditos a Royactura para la adquisición de unos terrenos en Móstoles (Madrid).

Tampoco su refinanciación estuvo "destinada a beneficiar a terceros en perjuicio de las entidades bancarias", sino que se realizó para eludir las consecuencias del concurso de acreedores que solicitó la sociedad en junio de 2009.

Pedraz ha tomado esta decisión después de que Anticorrupción apoyara recientemente el archivo que había pedido uno de los imputados, Manuel Setién.

Sin embargo, hace menos de un mes, la fiscal Concepción Sabadell, se había opuesto ante los "indicios" de que este podría haber cometido un delito de administración desleal con la financiación otorgada.

Las operaciones consistieron en la concesión de una línea de crédito de 18 millones después ampliada a 40 millones , y en otros cinco créditos otorgados por Bancaja por valor de 20 millones, todos ellos refinanciados tres años después.

Con ellas, el Banco de España ya cifró en 2013 un quebranto para el grupo BFA-Bankia, en la que integró con otras seis cajas, de 32 millones (un 74 % del total) a diciembre de 2012.

Las fiscal pidió el archivo después de que dos peritos designados por el Banco de España concluyeran que las operaciones que denunció el Banco de Valencia no se realizaron "de acuerdo con unos principios de gestión prudente" , ya que se financió por importes de alrededor del 100 % del precio de adquisición de los terrenos.

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