TRIBUNALES

Las causas pendientes de José Luis Olivas con la justicia

El expresidente de la Generalitat acumula imputaciones por su gestión en Bankia, Bancaja y el Banco de Valencia

Las causas pendientes de José Luis Olivas con la justicia efe

a. caparrós

El expresidente de la Generalitat, de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, fue detenido ayer en el marco de una operación dirigida por la Audiencia Nacional , que le imputa los supuestos delitos de apropiación indebida, blanqueo, administración desleal, corrupción y falsedad documental derivados de un crédito para realizar operaciones urbanísticas en el Caribe que, de acuerdo con un informe del Banco de España, habría generado un quebranto económico para la entidad de 223 millones de euros.

Según la querella, Bancaja y Banco de Valencia (ambos presididos por Olivas), prestaron 434 millones de euros a la inmobiliaria Grand Coral de los que solo habrían sido devueltos 97,4.

Junto a Olivas, en el operativo se detuvo a seis exdirectivos del Banco de Valencia y Bancaja y a dos empresarios . Entre los antiguos dirigentes de las entidades financieras se encuentran Domingo Parra, que fue consejero delegado de Banco de Valencia; José Cortina, ex director general adjunto de Bancaja y Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia. Asimismo, fueron detenidos Julián Dolz, director de Negocio Internacional de Bancaja Habitat; y Rafael Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.

Fuentes conocedoras de los pormenores de la investigación explicaron que los dos empresarios arrestados ayer en Madrid son Juan Vicente Ferry y José Salvador Baldó , propietarios del grupo Mar Confort y relacionados con Olivas, quien supuestamente pudo beneficiarles en una operación con la que ganaron en tres meses 76 millones de euros en plusvalías.

Denuncia de Bankia

Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, Bancaja y Banco de Valencia habrían financiado operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano en las que permitieron desviar a paraísos fiscales importantes plusvalías originadas por la interposición de sociedades instrumentales.

La «operación Coral» tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que, según creen los investigadores, se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios. La investigación se inició en el año 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia, que surgió de la fusión de Bancaja, Caja Madrid y otras cinco cajas de ahorros y había sido hasta la nacionalización del Banco de Valencia su accionista mayoritario.

En la denuncia se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe, que habrían eludido los procedimientos de control interno de las entidades financieras. El grupo fue creado por varios empresarios valencianos con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.

En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales. Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe superaron ampliamente los quinientos millones de dólares. Unas operaciones que supusieron para Bankia y el Banco de Valencia un quebranto económico de más de 250 millones de dólares .

Olivas, que tras su detención fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y tuvo que desplazarse a un hospital por una indisposición, aunque poco después fue dado de alta, acumula un largo historial judicial .

De hecho, el FROB ha presentado hasta ocho querellas contra los exdirectivos del Banco de Valencia por operaciones (la mayoría inmobiliarias) ejecutadas por la entidad antes de su nacionalización. De acuerdo con las citadas denuncias, la antigua cúpula de la entidad valenciana habría generado un quebranto económico de 630 millones de euros. La última ocasión en la que Olivas pisó un juzgado fue el pasado 22 de abril, cuando declaró en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el presunto desvío de fondos del Banco de Valenciana a sociedades del empresario Ramón Salvador, con el que pudo ocasionar un perjuicio de 120 millones, de acuerdo con la querella presentada por el FROB.

Otras causas pendientes

José Luis Olivas, que antes de acceder a cargos en la banca desarrolló su carrera política en el PP valenciano y fue durante cerca de un año presidente de la Generalitat, está imputado también en el caso Bankia y será juzgado en otro procedimiento en Valencia por supuesto delito fiscal y falsedad con el empresario Vicente Cotino.

El Banco de Valenci a fue nacionalizado en noviembre de 2011 . Un año más tarde, el Fondo de Reestucturación Ordenada Bancaria (FROB) vendió la entidad a Caixabank por un euro tras haber inyectado unas ayudas públicas superiores a los 5.500 millones de euros.

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