Ximo Puig tendría que readmitir a 1.800 despedidos para reabrir Canal 9

Reabrir la televisión autonómica valenciana, Canal 9, es una de las promesas «estrella» del nuevo presidente valenciano , el socialista Ximo Puig. Y una exigencia de sus socios de Gobierno, Podemos y Compromís . Sin embargo, las implicaciones legales y económicas de esta decisión hacen que resulte especialmente compleja de acometer. El ente autonómico está en la recta final del proceso de liquidación iniciado por el anterior Gobierno autonómico , del PP, y el próximo martes saldrán los últimos empleados afectados por el ERE de extinción.

A juicio de Lluís Bertomeu , miembro del último consejo de administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) -que cesó al iniciarse la liquidación en 2013-, la única opción para reabrir el ente es dar marcha atrás en el proceso de liquidación. O lo que es lo mismo, anular el ERE, readmitir a los 1.800 empleados despedidos y devolver la radiotelevisión pública al punto en el que se encontraba cuando el expresidente Alberto Fabra decidió su cierre: con unas pérdidas anuales de 212 millones de euros, según el exconsejero de Hacienda Juan Carlos Moragues .

A ese balance negativo habría que sumar el coste de los salarios de tramitación -lo que han dejado de cobrar los despedidos desde que se aprobó el ERE hasta la fecha-, que según un estudio del propio ente elaborado a finales del año pasado asciende a 55 millones de euros . A cambio, eso sí, los afectados por el ERE tendrían que devolver las indemnizaciones que cobraron . Una vez readmitidos todos los empleados y devueltas las indemnizaciones, Puig tendría que optar entre mantener la televisión con 1.800 empleados -más que Antena 3 y Telecinco juntas- y 212 millones de pérdidas, o empezar un nuevo proceso de ERE para reducir la plantilla.

En este sentido, cabe recordar que la primera opción del PP no fue cerrar la televisión , sino reducir su estructura. En agosto de 2012 aprobó un ERE para 1.000 de los 1.800 empleados. No obstante, al decretar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la nulidad del ERE -y, por tanto, la readmisión de todos los despedidos-, Fabra decidió el cierre.

«Hay un embrollo legal y jurídico que hace complicado reabrir la televisión» , opina Bertomeu. «Si se paraliza la liquidación, hay que readmitir a 1.800 empleados, pero se vulnera la ley de cierre de RTVV». Por otro lado, «si se termina la liquidación y se crea una nueva sociedad, puede haber importantes problemas legales». De la misma opinión es el exconsejero de Hacienda Juan Carlos Moragues: «Si se liquida y se crea una nueva, se podría incurrir en el supuesto de sucesión de empresa» -con lo que el ERE volvería a ser nulo-. La alternativa, crear un ente «totalmente distinto del que se cerró» para conjurar el riesgo. Los dos coinciden en que «la única manera de reabrir la televisión a corto plazo es parar la liquidación», con los costes que ello implica.