El PP valenciano cierra un ciclo aciago marcado por la corrupción

La sombra de la corrupción ha caído como una losa sobre el PP en la Comunidad Valenciana durante la última legislatura. Dos dirigentes históricos encarcelados, otro condenado a prisión y decenas de cargos imputados dibujan un panorama desolador extendido de norte a sur de su territorio que arrancó hace cuatro años con el juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

A pesar de que el tribunal le declaró no culpable en la «causa de los trajes», aquel proceso marcó el arranque de una legislatura en la que los casos de corrupción han determinado hasta el último día la agenda política.Algunos venían de lejos. El más significativo es el de Carlos Fabra que, tras un interminable periplo judicial, acabó condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel (que en la actualidad sigue cumpliendo) por delitos fiscales. También en prisión se encuentra Pedro Hernández Mateo. El que fuera alcalde de Torrevieja entre 1988 y 2011 comenzó la legislatura como diputado autonómico. En 2014 fue condenado a tres años de cárcel por falsedad documental y prevaricación y está cumpliendo la pena en una cárcel de Murcia.

Otro histórico de la política valenciana como Rafael Blasco (ha ocupado cargos de relevancia con todos los presidentes autonómicos) también está a la espera de ingresar en prisión. En su caso fue condenado a ocho años de cárcel por delitos malversación, prevaricación y falsedad documental en una trama de desvío de fondos destinados a la cooperación internacional. El Tribunal Supremo tiene el día 5 de junio la última palabra.

La «línea roja» que trató de imponer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, solo pudo atenuar el impacto de la sucesión de casos. Desde las piezas separadas de Gürtel, que sentarán en el banquillo de los acusados a Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes Valencianas), a Angélica Such (consejera con Camps) o a Ricardo Costa (antiguo secretario general del PP en la región), a la imputación de la exalcaldesa de Alicante en el caso Brugal. El caso Imelsa, en el que está implicado aunque no imputado el todavía presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, jalonó la legislatura. La detención de Serafín Castellano ha sido la puntilla.