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La investigación del caso Castellano incluye contratos públicos desde 2002
Uno de los empresarios presuntamente beneficiados por la trama declara ante el juez que las acusaciones responden a la «venganza» personal de un exempleado
La causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto contra el hasta esta semana delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha puesto el foco en una presunta trama de adjudicaciones amañadas en contratos adjudicados por la Generalitat en las diferentes etapas de Serafín Castellano (en libertad con cargos desde el viernes con la prohibición de salir de España) como consejero de Sanidad, Justicia y Gobernación que arrancó en torno a 2002.
Al respecto, dos de los nueve detenidos tienen un nexo común: Vicente Huerta y José Miguel Pérez Taroncher son empresarios, fueron contratistas de la Generalitat y guardan relación de amistad con Castellano, con el que comparten aficiones como las cacerías. En septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó una querella contra el exdelegado del Gobierno por las adjudicaciones a Taroncher en su etapa de consejero de Sanidad.
Sin embargo, la imputación del empresario en la nueva causa que propició la detención de ambos este viernes y el registro efectuado en la sede de Sanidad revelan que las pesquisas se centran de nuevo en las posibles irregularidades en las adjudicaciones efectuadas por Castellano en su periplo como consejero del ramo.
La segunda vía de una vasta investigación se centra en dos planes urbanísticos. En uno de ellos participó como promotora Avitractor, una sociedad que comparte sede con Avialsa , la empresa presidida por Huerta y punto de partida del caso. En octubre de 2014, el exgerente de Avialsa, Antonio Alandí, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que relataba que el exdelegado del Gobierno (que fue nombrado en junio pese a las sospechas sobre su gestión) habría aceptado regalos de la compañía a cambio de darle trato de favor en las adjudicaciones, que entre 2008 y 2014 sumaron un importe de 34 millones, entre ellas el contrato de suministro de aviones para la extinción de incendios que investiga el juzgado.
Huerta, que ha sido el único de los diez imputados en la causa que prestó declaración ante la magistrada, atribuyó el caso a una «venganza» de su antiguo empleado. El presidente de Avialsa se querelló en junio de 2013 contra Alandí por un delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida de fondos de la empresa.
El exletrado de Correa
El abogado de Alandí es José Antonio Choclán, que hasta junio de 2014 fue abogado de Francisco Correa en el caso Gürtel. De acuerdo con un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto del pasado 5 de mayo citado por Efe, el instructor consideró que la suma de los importes supuestamente defraudados por Alandí asciende a 456.537 euros y fijó la fianza en 500.000 euros para cubrir parte de intereses y costas.
Este caso dio pie a la investigación que descubrió que Avialsa había regalado un rifle a Castellano y que supone la punta del iceberg de la presunta trama de corrupción. Ayer, Huerta negó a preguntas de la juez haber hecho regalos a Castellano, descargó la responsabilidad de las cacerías a las que asistía el exdelegado sobre Alandí y admitió que su empresa las pagaba, así como algunos regalos de Navidad.
El juzgado tomó ayer declaración a otros dos imputados (el propietario de un coto de caza al que acudió Castellano y un trabajador de Aviación Civil) para los que acordó las mismas medidas que al resto: libertad provisional, obligación de comparecer ante la autoridad judicial, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. Los imputados están acusados en distintos grados de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales.
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