DETENCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN VALENCIA
La causa contra Castellano destapa una trama de fraude en las adjudicaciones
La operación policial se salda con nueve arrestados por presunto cohecho, delito fiscal, falsedad documental, blanqueo, prevaricación y malversación
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue detenido ayer y posteriormente puesto en libertad provisional con cargos en el marco de una operación que investiga el presunto troceamiento de contratos para evitar los concursos públicos en sus diferentes etapas como consejero del Gobierno valenciano. La relación total de delitos que afectan a siete de los nueve detenidos que fueron puestos ayer a disposición de la juez son los de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto por el que se dispone la destitución de Castellano. Las declaraciones de otros tres imputados están previstas también para hoy. Se trata de Vicente Huerta, propietario de Avialsa, el propietario de un coto de caza donde presuntamente habría acudido Castellano y un trabajador de aviación civil.
La magistrada que instruye el caso decretó para Castellano la obligación de comparecer ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, así como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La causa está dirigida por el juzgado de Instrucción número uno de Sagunto, donde tiene su sede la empresa Avialsa, origen de una supuesta trama de corrupción denunciada en octubre del pasado año, relacionada con contratos públicos adjudicados por la Generalitat entre 2008 y 2014.
No obstante, fuentes de la investigación señalan que esa solo podría ser la punta del iceberg en una causa que permanece bajo secreto de sumario. De hecho, la operación se saldó con trece registros por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), entre ellos en las sedes de las Consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras, y con otros ocho detenidos, entre los que se cuentan empresarios y políticos relacionados con Castellano, uno de los dirigentes históricos del PP en Valencia, donde ha desempeñado cargos orgánicos e institucionales desde 1999 .
El «agujero» de Sanidad
La investigación de la supuesta trama de corrupción incluye la Consejería de Sanidad, el departamento con mayor volumen de adjudicaciones en la Generalitat, donde Castellano tuvo directamente competencias ejecutivas entre 2000 y 2003. Informes de la Sindicatura de Cuentas alertaban de la existencia de facturas «en los cajones» y de los contratos sin concurrencia. La Consejería de Infraestructuras también fue objeto de un registro en el que los agentes de la UDEF se llevaron dos expedientes urbanísticos, correspondientes a operaciones anteriores a 2007. Esta documentación está relacionada con actuaciones llevadas a cabo en la comarca de Valencia del Camp de Morvedre , donde está situada la sede de Avialsa y de la que proceden el grueso de los arrestados en la operación.
Respecto a la etapa en la Consejería de Gobernación (2007-2014), se investigan las permutas efectuadas en un contrato para la prestación del servicio de extinción de incendios posteriores a su adjudicación en octubre de 2010 y si éstas se acordaron para beneficiar al contratista a cambio de comisiones o dádivas. El caso parte de una denuncia presentada en octubre de este año ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid por las presuntas irregularidades cometidas por Castellano, quien fue destituido ayer al trascender su detención y suspendido de militancia por el PP.
El origen que ha dado lugar a la investigación se situaría en el presunto trato de favor de Castellano al propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, también arrestado ayer, en los contratos para la prestación del servicio de extinción de incendios cuando el ya exdelegado del Gobierno tenía competencias en la materia como consejero de Gobernación. La compañía logró contratos públicos de la Generalitat desde 2008 por importe de 34 millones de euros. Una denuncia de su exgerente ante Anticorrupción en la que alertaba de que Castellano había aceptado como regalo un rifle de la empresa por importe de 1.800 euros, así como que había participado junto al dueño de la firma en diversas cacerías costeadas por el contratista, propició el inicio de la investigación de la Fiscalía, que busca el nexo de unión entre los regalos y las modificaciones en los contratos suscritos entre la Generalitat y Avialsa.
La mujer del exdelegado del Gobierno también fue receptora de regalos en forma de joyas , según los investigadores de la Policía, que también rastrean las cuentas bancarias de Castellano ante la sospecha de que, además de dádivas, hubiera recibido dinero por parte del contratista. De acuerdo con fuentes policiales, en concreto se investigan las modificaciones efectuadas en un contrato posteriores a su adjudicación en octubre de 2010 (Avialsa fue la única empresa que concurrió y ganó la licitación para el servicio aéreo de extinción de incendios por un importe de 22 millones de euros).
Trato de favor
Según la denuncia, el supuesto trato de favor se habría producido al aceptar Castellano el tipo de aviones que dispuso Avialsa, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otra clase de aparatos que, después, no llegaron a España.
Con estas modificaciones, según apunta la denuncia, se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera decretado ninguna penalización hacia Avialsa. Las pesquisas se centran en determinar si Castellano recibió comisiones por parte del empresario. A la detención de Castellano se sucedió un registro en su domicilio que se prolongó más de siete horas. La operación está bajo secreto de sumario y permanece abierta a la espera de que hoy se produzcan nuevas declaraciones en el juzgado.
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