Libertad con cargos para los dos últimos imputados del caso de Serafín Castellano

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) ha dejado en libertad con cargos al empresario y presidente de Avialsa, Vicente Huerta , y a otro arrestado en la investigación abierta por supuestos favores del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, a una empresa contratista, con cuyo presidente coincidió en cacerías. No obstante, en la causa se investigan también actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa, según ha podido saber Europa Press.

Este sábado han pasado a disposición judicial dos de los nueve arrestados que quedaban pendientes de pasar por el juzgado en este procedimiento --Huerta y otra persona--, así como otra persona imputada que cumple condena por otra causa distinta en la cárcel de Soto del Real.

Tras ello, la jueza ha dejado a los dos arrestados en libertad provisional con cargos, les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir del territorio nacional. El imputado ha regresado a la cárcel de Soto del Real , y ante un posible tercer grado, se le han impuesto las mismas medidas cautelares.

El único detenido que ha querido declarar ante la jueza ha sido Vicente Huerta, puesto que el resto, entre ellos, Serafín Castellano, quien pasó ayer a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar. Huerta, al parecer, se ha defendido de las acusaciones que pesan contra él, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa. Su letrado ha asegurado que este caso surge a raíz de una "venganza" del exgerente de Avialsa , Francisco Alandí, contra el que hay interpuesta una querella por un delito continuado de estafa.

A todos los imputados en este procedimiento se les ha fijado por tanto las mismas medidas: libertad provisional, retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias judiciales cuando sean requeridos.

A los detenidos se les atribuye, en distintos grados, los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo, según han concretado fuentes del tribunal valenciano.