Fabra: «La capacidad de Rita y su entrega está por encima de los comentarios de dos personas»

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado hoy que la exconcejal popular María José Alcón , suspendida de militancia por unas grabaciones que la implicarían en presuntos casos de corrupción, debería dejar hoy mismo de ser asesora de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El también presidente de la Generalitat y candidato del PP a este mismo cargo ha indicado en una entrevista con la Cadena Ser que Alcón, que la semana pasada renunció a ir en el puesto 16 de la candidatura del PP al ayuntamiento de Valencia, "no tiene cabida en ningún cargo público o de partido".

María José Alcón aparece en algunas grabaciones realizadas por el exgerente de la empresa de la Diputación Imelsa Marcos Benavent , que son objeto de una investigación por un juzgado de Valencia, en las que se interesa por un dinero proveniente de una presunta comisión (pregunta si le han "traído algo los Reyes Magos").

Ante el hecho de que Alcón siga siendo asesora de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Fabra ha reiterado su posición de "ser implacable" e "inflexible" ante los casos de corrupción y ha abogado por un cambio legislativo para que este tipo de comportamientos "sean más difíciles de realizar dentro de la política".

No obstante, ha descartado que este caso "salpique" a Barberá por el hecho de primero llevar a Alcón en la candidatura y que la mantenga como asesora y las grabaciones en las que se habla "de la jefa". "Hay que ser muy prudentes, la capacidad de Rita y su entrega a todos está por encima de lo que puedan ser unos comentarios de dos personas". Así, ha insistido en mantener la prudencia y "no hacer juicios de valor" que "lo único que pueden hacer es cribar la credibilidad de las personas que se le han ganado durante muchos años".

Por otra parte, sobre una hipotética sanción de la Unión Europea a España por falsificar el déficit de la Comunidad Valenciana en las últimas legislaturas, ha señalado que se trata de "una práctica que se ha llevado por inercia durante mucho tiempo" y que estaba "autorizada y validada" por la Intervención General del Estado.

"Es un problema del Reino de España por una práctica que era habitual y se actualizaba cada tres años. No tenía justificación, pero era una práctica habitual, autorizada y consentida" por el Gobierno, ha sostenido el presidente.