ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES
El PSPV lleva en sus listas una decena de imputados en casos judiciales
Vicente Arques concurrirá junto a tres concejales llamados a declarar por el juez por el albergue de Alfaz del Pi; lejos de establecer «líneas rojas», Ximo Puig ha manifestado su apoyo a encausados como Agustín Navarro
El PSPV concurrirá a las elecciones municipales con una decena de imputados en sus candidaturas. Una carga de profundidad para un secretario general y candidato autonómico, Ximo Puig, que hace de la «alternancia higiénica» el argumento principal para desalojar al PP. Su actitud, sin embargo, contrasta precisamente con la del presidente del PPCV, Alberto Fabra, cuyas «líneas rojas» se han llevado por delante a muchos potenciales candidatos por formar parte de gobiernos desgastados por las investigaciones judiciales y las causas abiertas.
El frente más reciente se les ha abierto a los socialistas valencianos en la siempre controvertida localidad de Alfaz del Pi. El juez ha citado a declarar en calidad de imputados el próximo día 2 de junio a tres concejales del equipo de Vicente Arques –que repiten junto al alcalde en la lista del PSPV– por posible prevaricación en la concesión de subvenciones al albergue de animales. Se trata de Maite García, edil de Hacienda; Vicente Soler, concejal de Urbanismo; y Vicente Baldó, titular del área de Sanidad.
Estos, junto al secretario general y un técnico del Consistorio, también imputados, habrían desoído los informes técnicos emitidos por la Conselleria que solicitaban la suspensión del convenio de colaboración debido a las deficiencias encontradas. Según la denuncia interpuesta por el Partido Popular, llegaron incluso a «falsear las determinaciones del convenio de colaboración».
Gastos sin justificar
Otra zona conflictiva para la imagen del PSPV se encuentra en la comarca alicantina de la Vega Baja. Raúl Valerio será candidato a la alcaldía en Bigastro a pesar de estar imputado en múltiples causas, entre ellas por gastar 24.000 euros sin justificar con una tarjeta de la Alcaldía, con dispendios como una comida de 500 euros tras perder las elecciones.
También repite en las listas el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, imputado por posibles delitos urbanísticos en la revisión de infracciones en terrenos y la no ejecución de múltiples órdenes de demolición para construcciones levantadas en suelo no urbanizable. Entre todos los casos de dirigentes socialistas imputados, no obstante, destaca debido a las peculiaridades del caso y el peso demográfico de la población la continuidad de Agustín Navarro como alcaldable por Benidorm.
El alcalde de la capital turística de la Costa Blanca se enfrenta a posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al «enchufar», al menos, a 43 personas en el Ayuntamiento. A pesar de ello, llama la atención el apoyo explítico que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, le ha mostrado públicamente en numerosos actos del partido. En la lista también acompaña a Navarro su actual concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, también imputado en el caso.
En una fase anterior –pero próxima– a la imputación formal se encuentran el alcalde de Villarreal y candidato a la reelección, José Benlloch, y la concejal de la misma localidad castellonse Sabrina Escrig, quien figura en el «número ocho» de la candidatura del PSPV a las Cortes por la provincia de Castellón. En este caso, la magistrada del Juzgado número 4 de Villarreal se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano por la condición de aforado de Benlloch, quien fue diputado autonómico en la anterior legislatura.
El TSJCV ha instado a la juez de Instrucción a que le remita una exposición razonada, aunque el hecho de que Benlloch haya perdido el aforamiento propiciará que la causa vuelva a Villarrral, donde la magistrada pedía al Alto Tribunal que citara como imputados a tres ediles socialistas denunciados por la Fiscalía, por los presuntos delitos de «falsedad documental y malversación de fondos públicos», ante las posibles irregularidades en la contratación de un servicio de «coaching» para el alcalde.
