El juez envía a prisión a los funcionarios valencianos acusados de corrupción

El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha ordenado prisión para los dos funcionarios detenidos en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, tras solicitarlo el fiscal, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones.

Los dos funcionarios detenidos son el exsecretario del consistorio de Canet d'en Berenguer, José Antonio S.S., y un funcionario de la administración local que se encuentra en el Consorcio de Museos en comisión de servicios Rafael P.M., según ha podido saber Europa Press.

Ambos están acusados con anterioridad en un procedimiento abierto en los juzgados valencianos por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho. En esta causa también figura como acusada la exalcaldesa de la Pobla de Farnals Natividad García. El ministerio fiscal pide una pena de nueve años de prisión para José Antonio y otros tres para Rafael P.

Por esta causa, ambos se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados después de que el pasado mes de febrero el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell (Valencia) acordara la apertura de juicio oral contra ellos y la Academia Valenciana de Juristas.

En esta causa se ha investigado si los acusados intentaron lucrarse de fondos públicos del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a través de contratos de asesoramiento o de la realización de supuestos informes jurídicos. Al exsecretario se le pidió una fianza de 85.000 euros y al otro funcionario otros 3.200 euros.

Según consta en el escrito fiscal, José Antonio S. ideó con Natividad García la forma de lucrarse con fondos públicos del consistorio a través de contratos de asesoramiento o de realización de supuestos informes jurídicos --innecesarios o que no se realizaron--, para los que se valió de distintas sociedades con las que se creaba un entramado para obtener facturaión evitando aparecer como beneficiario director. A Rafael P., con una estrecha vinculación económica con el anterior, se le abonó una factura por un estudio de modificación de créditos que no se halló en el consistorio.