EL FIASCO DEL PLAN AGUA
El Gobierno estudia subvencionar el agua desalada para activar las plantas de Zapatero
Los regantes comprarían el metro cúbico a 30 céntimos y el Ejecutivo cubriría el resto hasta el euro; la crisis del ladrillo ha impedido que los ayuntamientos hicieran frente al coste de encender las desaladoras
Una inversión de casi 600 millones de euros en seis plantas desaladoras que jalonan el litoral de la Comunidad Valenciana de norte a sur y por cuyo agua nadie quiere pagar. Esa es la «herencia» del Plan AGUA puesto en marcha por el Gobierno en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para compensar la derogación del trasvase del Ebro, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy trata ahora de salvar.
Según ha podido saber ABC, el Gobierno estudia seriamente la posibilidad de subvencionar el precio del agua desalada para hacerla así más atractiva para los regantes, y poder de esta forma activar las plantas desaladoras que, a pesar de estar terminadas, permanecen paradas porque nadie quiere comprar su caudal. En este sentido, cabe recordar que el precio del metro cúbico de agua desalada se sitúa alrededor de un euro, por el elevado coste energético que supone su obtención, mientras el agua del trasvase Tajo-Segura se paga en origen a 0,2 euros.
La propuesta que tiene sobre la mesa el Gobierno pasa por cobrar el metro cúbico de agua desalada a un precio de unos treinta céntimos de euro. Una cantidad solo ligeramente superior al precio del agua trasvasada, y que supondría que el Ejecutivo tendría que subvencionar el resto del importe, hasta el euro. De esta forma, el Gobierno podría empezar a rentabilizar una inversión faraónica que hasta la fecha se ha revelado inútil: ni regantes ni ayuntamientos han solicitado caudal desalado, por lo que las plantas permanecen paradas a pesar de que algunas se terminaron hace ya años.
Dos años parada
La propuesta no es nueva. Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A. (Acuamed), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y que ha promovido las obras del Plan AGUA, ya la puso sobre la mesa al finalizar la construcción de la desaladora de Torrevieja. Una planta que costó 270 millones de euros, y que lleva parada desde que se terminó en junio de 2013 –hace casi dos años– porque no tiene solicitudes de caudal que justifiquen su puesta en marcha.
La propuesta de Mañueco para fijar el precio del agua desalada en 0,3 euros persigue precisamente convencer a los agricultores –los que debían ser los principales «clientes» de Acuamed, según los planes de Zapatero– para que compren el agua de las plantas. Máxime en un contexto en el que la falta de precipitaciones durante el último año hidrológico ha llevado a la Comunidad Valenciana, y especialmente a la provincia de Alicante, a una situación de extrema sequía.
La entrada en funcionamiento de las cuatro desaladoras que están paradas –Torrevieja, Muchamiel, y las dos de Castellón– este verano permitiría así aliviar la difícil situación que atraviesa el campo valenciano, al que la sequía le costó el año pasado unos 400 millones de euros en pérdidas y un 50% del rendimiento de las cosechas, tal como ha publicado ABC. De hecho , el Gobierno ultima dos Reales Decretos para combatir la sequía en las cuencas del Júcar y el Segura.
La «burbuja» inmobiliaria
El problema de las desaladoras, según fuentes del sector consultadas por este periódico, es de planteamiento. Los cálculos de los costes y los precios del agua se realizaron en un contexto de continuo crecimiento del sector inmobiliario, en 2004, y el Gobierno esperaba que los ayuntamientos de las áreas de influencia de las plantas se convirtieran en los principales financiadores del agua desalada. De hecho, la existencia o la previsión de construir dichas plantas sirvieron en muchos casos para garantizar el suministro en los proyectos de nuevas urbanizaciones –la mayoría de miles de viviendas– previstos a principios de la pasada década.
Según esos planes, la compra de agua por parte de los consistorios para el suministro urbano habría permitido sostener el funcionamiento de las plantas, y abaratar el coste del agua para los regantes. Sin embargo, con la crisis llegó el estallido de la «burbuja» inmobiliaria, las urbanizaciones previstas no se construyeron, la demanda de agua nunca se produjo y los ayuntamientos no pueden asumir el coste de encender las desaladoras –a pesar de que muchos ya tenían convenios firmados con Acuamed, según las mismas fuentes–.
De esta forma, sería la compra directa de caudal desalado, mediante contratos bilaterales entre Acuamed y las comunidades de regantes de la zona, lo que permitiría al Gobierno amortizar el coste de las plantas.
