tribuna abierta
Una reforma reclamada por los ciudadanos
«Un nuevo modelo que sienta las bases de una sociedad basada en la confianza y en la convivencia. En definitiva, una sociedad mejor y una mejor justicia»
Con la reforma del Código Penal los españoles nos dotamos de una nueva regulación que fortalece la efectividad penal, garantiza la convivencia democrática y lucha más eficazmente contra la corrupción. Una nueva norma que además atiende de manera especial una reivindicación razonable y justa de todos los españoles: Evitar que delincuentes condenados por graves delitos y que no han abandonado su intención de reincidir salgan a la calle poniendo en peligro a las españolas y españoles.
Con el nuevo Código Penal se moderniza la legislación y la investigación criminal. Se da respuesta a una nueva realidad social con la tipificación de nuevos delitos que han emergido en nuestra sociedad y, con su aplicación, se promueve una mayor efectividad penal frente al delincuente.
Frente a discursos maximalistas de quienes califican de cadena perpetua la prisión permanente revisable, hemos de responder con contundencia. Esta figura garantiza que la salida de la cárcel se produzca cuando esté garantizada la resocialización del reo, evitando así que por un simple cómputo aritmético, un condenado por delitos execrables como agresiones sexuales a menores con resultado de muerte pueda salir de prisión sin reinsertarse.
Se trata, como ven, de una medida poco arbitraria y más que razonable. Una medida que no sólo está avalada por el Consejo Fiscal, el CGPJ y el Consejo de Estado. Es una pena habitual en el Derecho comparado y reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las garantías que se recogen son tales que su aplicación se empleará para los casos de delitos gravísimos sin necesidad de poner ejemplos que todos podemos tener grabados en nuestras retinas.
Estamos ante una reforma que atiende otro de los desgraciados fenómenos que se han producido en la sociedad: el terrorismo yihadista. Un nuevo tipo de delito al que no somos ajenos y contra el que luchamos con firmeza, pese a ser España uno de los tres países más seguros de la Unión Europea. El nuevo Código Penal dota de mayor fortaleza al sistema judicial ante estas nuevas formas de terrorismo. Regula, por ejemplo, la figura de los llamados «lobos solitarios» e introduce el delito de adoctrinamiento pasivo para aquellos que consulten páginas webs con contenido yihadista.
La lucha contra la lacra de la violencia de género también cobra mayor protagonismo. Para sus víctimas, incorpora el género como motivo discriminatorio agravante, la posibilidad de imponer medidas de libertad vigilada o la introducción de nuevos tipos penales como el matrimonio forzado, el acoso o la divulgación no autorizada de imágenes íntimas.
Otra de las demandas sociales que ha sido atendida tras las peticiones de la Administración Valenciana es el endurecimiento de las penas por hurtos habituales. Unas reivindicaciones formuladas por asociaciones y organizaciones agrarias que hemos hecho nuestras y que acabarán con la sensación de impunidad ante los robos en el campo. Por ello, se agravan las penas para hurtos habituales y para delitos patrimoniales cometidos en explotaciones ganaderas o agrícolas, con penas de prisión de uno a tres años para el hurto y prisión de dos a cinco en el robo con fuerza.
Como conseller de Gobernación y Justicia no quiero dejar de mencionar el endurecimiento de las penas para quienes atenten contra nuestro patrimonio natural. Los autores de incendios forestales se enfrentarán a condenas de prisión de tres a seis años y multas de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio alcance especial gravedad.
Pero la reforma integral del Código Penal que ha aprobado el Gobierno se extrapola también a otros ámbitos demandados con intensidad por la sociedad. La lucha contra la corrupción adquiere una mayor dimensión y refuerza el estado de derecho del futuro adecuando los tipos penales, elevando la sanción para los delitos económicos con un aumento generalizado de las penas de inhabilitación. Amplía los plazos de prescripción y la libertad del condenado se condiciona a la reparación del daño económico. Y, por último, tipifica los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, con penas que pueden llegar a más de cinco años de prisión. Con todo, estamos ante una reforma que persigue dibujar un nuevo marco de convivencia, más seguro y garantista de los derechos de las víctimas, con mejores instrumentos para defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Un nuevo modelo que sienta las bases de una sociedad basada en la confianza y en la convivencia. En definitiva, una sociedad mejor y una mejor justicia. Grandes retos a los que todo país democrático debe aspirar.
