El PSPV asegura que la liquidación de RTVV «podría ser anulada»

El diputado socialista en las Corts Valencianes Josep Moreno ha advertido de que el proceso de liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) "podría ser anulado" por defectos en la realización del inventario, ya que, según ha denunciado, la empresa encargada de elaborar dicho documento --Ernest&Young-- "nunca elaboró inventario alguno, sino que lo que entregó fue algo basado en un inventario que existía en la empresa desde hace 20 años".

Moreno, en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts, ha recordado que se le adjudicó a esta firma por 39.000 euros más IVA la elaboración del inventario y que entregó un trabajo que era una "chapuza" porque las cantidades "no correspondían a nada que existiera y algunas partes estaban valoradas con cero euros". Además, quienes "lo están elaborando al final son trabajadores de la empresa, no la firma contratada", ha apuntado.

La novedad está, ha señalado, en que Ernest&Young "nunca elaboró inventario alguno, sino que lo que entregó fue algo basado en un inventario que existía en la empresa desde hace 20 años".

En este sentido, ha explicado que el artículo 383 de la Ley de Sociedades de Capital, en lo que se refiere a las operaciones de liquidación, se establece que el deber inicial de los liquidadores es que en el plazo inicial de tres meses desde que se inicia el proceso de liquidación, deben formular un inventario y un balance de la sociedad en referencia al día en que se hubiera disuelto --noviembre de 2013--.

Moreno también ha alertado de que el edificio de RTVV en Alicante, construido con dinero público, puede pasar a manos de los propietarios del terreno por impago del alquiler.

Moreno ha explicado a los periodistas que el centro de producciones de RTVV en Alicante está sometido a un contrato que obliga a la cadena a pagar durante 33 años un alquiler mensual de 23.000 euros por el uso de une edificio que la propia RTVV construyó y que costó 4,8 millones de euros.

Ese contrato, que según el diputado fue declarado confidencial y "se ocultó" al consejo de administración, no incluye ninguna cláusula de rescisión por el cual se pueda liquidar, y contempla que, en caso de producirse un impago del alquiler superior a seis meses, todo el edificio pasaría a los propietarios del suelo.