Una casa de 300 metros con capilla en la sede del TSJ valenciano

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado al Consell a informar sobre el coste de las reformas efectuadas durante los últimos 15 años en la vivienda que alberga el edificio del propio tribunal valenciano, que ha venido siendo ocupada por quien ostentaba la presidencia de dicha institución, entre ellos, Juan Luis de la Rúa.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís y candidata de la coalición a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, realizó a principios de 2014 una petición de documentación para que el Consell le facilitara las facturas de las reformas realizadas en la vivienda situada en el edificio que alberga el TSJCV en Valencia. Requerimiento que el gobierno de Alberto Fabra "se negó a satisfacer", por lo que Oltra recurrió ante la justicia, según ha informado Compromís en un comunicado.

Esta vivienda ha sido la residencia de los presidentes de este tribunal hasta la llegada de Pilar de la Oliva. En esta sentencia el TSJCV precisa que en la actualidad la vivienda se encuentra deshabitada. Las facturas de las reformas reclamadas por Compromís incluyen el período en el que Juan Luis de la Rúa presidió el TSJCV, en el que el magistrado utilizó la vivienda como residencia familiar.

La vivienda, de unos 300 metros cuadrados y que cuenta con una capilla en su interior, se encuentra en la cuarta planta del edificio del TSJCV, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Las reformas y el mantenimiento de esta vivienda, así como del resto del edificio, son competencia de la Generalitat Valenciana.

Durante la presidencia de Juan Luis de la Rúa en el TSJCV, la vivienda situada en el tribunal era su casa familiar, en la que vivieron además sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial.

Los representantes sindicales de los trabajadores del TSJCV han denunciado en numerosas ocasiones las "pésimas" condiciones en las que desempeñan su jornada laboral por el estado ruinoso del edificio, con una "inadecuada" ubicación de parte del personal, el mal estado del mobiliario, condiciones de insalubridad e, incluso, problemas estructurales que han llegado a producir desprendimientos del techo.