Pequeños Torquemadas

La actualidad política de la Comunidad Valenciana se ha solapado con frecuencia en los últimos meses (incluso años) con los calendarios judiciales. Merced a la acumulación de causas relacionadas con presunta corrupción de algunos representantes institucionales (habitualmente del PPCV, que para eso lleva 20 años gobernando), y también merced a la voluntad del presidente autonómico, Alberto Fabra, de convertir su réplica a dichas causas (destitución de altos cargos, presión a los electos para dejen sus puestos) en argumento principal y, según la semana, cuasi único de su acción de Gobierno. Y, evidentemente, porque el PSPV, que no sabe aún qué propone exactamente como alternativa para gobernar la región (más allá de la «alternancia higiénica»), ha exprimido hasta la extenuación cada sombra de sospecha contra los populares.

Sucede que tanto aquí (tan dados como somos a fustigarnos a la mínima ocasión) como en el resto del territorio nacional nos hemos «acostumbrado» a descubrir, día sí, día también, nuevos casos de presunta corrupción que nos hacen sonrojarnos y, según donde estemos, vacilar unos segundos antes de responder -yo sigo diciendo la verdad- cuando nos preguntan (en una oficina de Turismo, sin ir más lejos) de dónde venimos. Y al revés, es decir, si un extremeño, pongamos por caso, lee una nueva noticia sobre un presunto caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, lo primero -y quizá lo único- que piensa es «ah, bueno, valencianos, qué se podía esperar».

Obviamente, los medios de comunicación no podemos dejar de informar sobre los casos de corrupción -que curiosamente, se empiezan a acumular a medida que se acercan las elecciones-. Pero, teniendo en cuenta que la propia actualidad y los calendarios políticos y judiciales de los que hablaba antes ya nos nutren en abundancia (en realidad, en exceso) de este tipo de casos, quizá deberíamos mostrarnos algo más rigurosos a la hora de informar sobre nuevas y, de nuevo, presuntas corruptelas. No hace falta forzar la realidad para presentar como escandaloso algo que, probablemente, lo sea por sí mismo.

Me refiero, por ejemplo, a afirmar en un titular que determinada persona ha cobrado determinada cantidad en comisiones supuestamente irregulares, cuando la información que desarrolla esa acusación no aporta una sola prueba y, a lo más que llega, es a sugerir que los accionistas de una empresa de cuyo consejo de administración formaba parte la citada persona (al parecer, a título asesor) se repartieron la citada cantidad. Sin ser capaz de demostrar que la persona que encabezaba el titular se llevara al menos una parte de dicha comisión. Porque, al parecer, lo que realmente sucedió es que el reparto de beneficios, cuando los hubo, no alcanzó a dicha persona, que sí se sentó en el consejo hasta 2009, cuando alguien le dijo que ese asiento era incompatible con el alto cargo público que desempeñaba.

Como locos, ante la penúltima evidencia de que -lo dicen las letras en negrita en las portadas de la prensa nacional- en la Comunidad Valenciana somos todos más corruptos que Al Capone, agencias, radios, televisiones y periódicos se lanzan a la caza de consellers y altos cargos (y también tenores) a los que afear (indirectamente) en sus preguntas las «irregularidades», el «saqueo» y la poca vergüenza del último cargo público señalado como deshonesto. Y la opinión pública, si es que dicho concepto aún existe, y sobre todo la oposición política, piden que se corte otra cabeza. Sin esperar siquiera a que la Justicia -que ni siquiera ha iniciado una investigación al respecto- se pronuncie. ¿Presunción de inocencia? Para qué. Si es un alto cargo del PP, es corrupto desde que nació. A la hoguera. Alternancia higiénica. Aprendices de Torquemadas.