Piden seis años de cárcel para una policía por gastar 613 euros con un móvil oficial

Una agente de la Policía Local de Benidorm (Alicante) se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión por apropiarse supuestamente de un teléfono móvil del Ayuntamiento con el que habría gastado en llamadas 613 euros. La acusada será juzgada en la Audiencia Provincial de Alicante entre el 19 y el 21 de este mes de enero ante un jurado popular.

Según el escrito de conclusiones provisionales sobre el caso presentado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la sospechosa, Pilar Q.Ll., se encontraba destinada en la oficina Delta-4 de la Policía Local desde el mes de abril de 2008, y tenía asignado un móvil oficial que comenzó a utilizar "para efectuar llamadas de carácter privado a números de teléfono pertenecientes a personas de su entorno familiar como su hija y marido".

Ese verano se produjo un cambio de oficina por una reestructuración de la plantilla, momento en que la agente fue destinada a otro departamento, el Centro de Coordinación, lo que ella aprovechó para apropiarse presuntamente del aparato y seguir utilizando en su propio beneficio.

Esa situación se prolongó hasta que se detectó la aparición del móvil y aparecieron "ciertas anomalías en el listado de llamadas correspondiente", según el Ministerio Público, lo que llevó al Consistorio a dar de baja la línea, que acumulaba un consumo de llamadas entre abril de 2008 y enero de 2009 de 613,55 euros.

La Fiscalía sostiene que la acusada, que no ha reintegrado el teléfono al Ayuntamiento ni devuelto el dinero gastado, tenía el "ánimo de malgastar los caudales públicos", por lo que acusa de un delito de malversación y pide para ella provisionalmente una pena de tres años de prisión, otros tantos de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 1.440 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm, que ejerce la acusación particular, reclama 6 años de cárcel para la policía municipal y otros seis años de inhabilitación, así como una multa de 2.880 euros, según consta en el escrito de conclusiones jurídicas de esta parte, que entiende que la acusada incurrió en dos delitos, uno por la sustracción del teléfono oficial y otro por su utilización.

Un jurado popular se encargará de dictar un veredicto al término de las tres sesiones del juicio previstas para los días 19, 20 y 21 de enero, en las que prestarán declaración tanto la sospechosa como una docena de policías locales en calidad de testigos.