POLÍTICA
Varapalo del Consell Jurídic Consultiu a la ley de Señas de Identidad valencianas
El organismo consultivo considera que la norma que promueve el Consell «adolece de un marcado carácter programático» y no resulta necesaria
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) afirma que el proyecto de ley de Señas "adolece de un marcado carácter programático" y los objetivos que se persiguen con esa norma "ya se encuentran al alcance de los poderes públicos sin necesidad de una nueva norma con rango legal en el ordenamiento".
Así lo recoge el dictamen del CJC al anteproyecto de ley de la Generalitat de reconocimiento, protección y promoción de las señas de identidad del pueblo valenciano, en el que también se afirma que debió consultarse el texto al Consell Valencià de Cultura, como institución consultiva en materia de cultura.
Junto al dictamen hay un voto concurrente del presidente del CJC, Vicente Garrido, en el que expresa una "reflexión" al artículo sobre la lengua valenciana con la finalidad de completar la norma para evitar "posibles conflictos" en su aplicación.
En concreto, se refiere al apartado que establece que las instituciones y quienes reciban financiación pública deberán respetar la lengua valenciana, "sin perjuicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de cátedra".
Garrido considera conveniente incluir en la norma una referencia a la obligación de "respetar, usar y aplicar la normativa oficial del valenciano" establecida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuya primera competencia es determinar la normativa oficial del valenciano.
El presidente del CJC alerta de que la cláusula "sin perjuicio" podría invocarse "para obviar la normativa oficial del valenciano", y podría entenderse que la libertad de expresión y de cátedra habilitan para usar "una normativa diferente a la establecida por la AVL en el ejercicio de sus competencias".
El conseller de Gobernación, Luis Santamaría, señaló al respecto el pasado 30 de diciembre, cuando el pleno del Consell aprobó el proyecto de ley, que se trataba de "una reflexión jurídica" y "no afecta al contenido ni al fondo de la norma".
También ha emitido un voto concurrente la consejera Margarita Soler, quien cuestiona que se eleve a seña de identidad de los valencianos los "bous al carrer", cuando no existe "consenso social a tal efecto" y puede generar "extrañamientos identitarios en una parte de los valencianos".
