tribunales
Anticorrupción se querella contra Camps por los contratos para la Fórmula Uno
La Fiscalía denuncia al expresidente de la Generalitat por malversación y delito societario
La Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes una querella en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por los contratos suscritos para la celebración de la Fórmula Uno en Valencia . El ministerio público cree que se cometieron delitos de malversación y delito societario en la adjudicación de la organización de la carrera a la empresa Valmor, que años después fue adquirida por la Generalitat, que asumió su deuda.
La querella se dirige también contra la que fuera consellera de Cultura, Lola Johnson (por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario) y contra el expiloto y representante de la empresa Valmor (que gestionó las primeras ediciones de la Fórmula Uno en Valencia) Jorge Martínez «Aspar» (por malversación y prevaricación).
[Consulte aquí la querella íntegra]
La querella, con fecha del 18 de diciembre, está firmada por Vicente Torres, delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia.
La competición se celebró en la capital del Turia entre los años 2008 y 2012 (éste último Camps ya no era presidente del Gobierno autonómico).
El fiscal especial anticorrupción ha comunicado al PSPV que se ha interpuesto querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana p or la compra por la Generalitat de la empresa Valmor . La querella se ha interpuesto ante el TSJCV por la condición de aforado de Camps. Ahora, la sala de lo Civil y lo Penal deberá decidir si la admite a trámite.
Camps no ha asistido al pleno que han celebrado este viernes las Cortes Valencianas.
De acuerdo con fuentes del Alto Tribunal, la querella ha sido registrada y ya se ha pedido a Les Corts Valencianes que acrediten la condición de diputado del expresidente de la Generalitat.
El diputado socialista, Josep Moreno, ha informado de esta novedad en el proceso judicial en el hemiciclo de las Cortes Valencianas, al inicio de su intervención para defender la Iniciativa Legislativa Popular sobre la creación de un nuevo servicio de radiotelevisión pública.
El primer canon que cobró el patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, para celebrar la carrera en Valencia lo pagó la empresa Valmor en 2008 y ascendió a 17,2 millones de euros (24 millones de dólares). El resto, sociedades de la Generalitat: 19,6 millones en 2009, 20,5 en 2010, 25,8 en 2011 y 27,6 en 2012, cuando se celebró por última vez la carrera. En total, el coste de la Fórmula Uno se sitúa en 111 millones de euros (148,6 millones de dólares).
Sin embargo, de acuerdo con la querella de la Fiscalía Valmor «nunca llegó a pagar a Circuito del Motor por los servicios prestados, por lo que la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia corrió siempre a cargo de la Generalitat Valenciana a través de una empresa pública».
Anticorrupción también cuestiona la compra de Valmor por parte de la Generalitat, aparentemente por un euro. Así, la querella sostiene que «Johnson engañó al resto de miembros de la Junta General de la empresa Circuito del Motor, al no decirles ni explicarles que la compra de Valmor Sports S.L. por parte de la empresa pública suponía por un lado, la condonación a Valmor Sports S.L. de más de 14 millones de euros que adeudaba a Circuito del Motor, y por otro lado asumir los más de 31 millones de euros de pasivos frente a terceros».
El ministerio público ha descartado inicialmente dirigir su querella también contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que fue el que firmó la compra de Valmor, al estimar que las supuestas irregularidades se cometieron durante la confección y firma del aval, en un momento en el que la Presidencia del Consell la ocupaba Francisco Camps.
Así, las supuestas irregularidades se ceñirían a la confección que se hizo desde el Gobierno valenciano de Camps para que la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva adquiriese la totalidad de las participaciones sociales de Valmor para organizar el evento deportivo por un precio simbólico de un euro --cuando la empresa privada arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, según la oposición-- y con una cláusula que impedía exigir responsabilidades a los empresarios de Valmor.
Johnson justificó en su momento esta acción en que era un plan de reorganización del sector público que iba a permitir a la Generalitat concentrar la gestión de los eventos deportivos relacionados con el motor y, así, poder plantear de una forma más eficaz la externalización parcial de los eventos.
Sin embargo, para EUPV y PSPV, esta acción supuso un quebranto económico para el erario público puesto que una empresa pública de la Generalitat asumió todas las deudas de una empresa privada con entidades financieras y proveedores, y eximiendo a los vendedores de cualquier responsabilidad.
Fiscalía abrió diligencias de investigación el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada por el PSPV, quien denunció a los miembros del equipo de Gobierno valenciano que aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor. Tras ello, el ministerio público acumuló otra denuncia de EUPV relativa a este mismo asunto.
Durante la investigación, el ministerio público ha tomado declaración a diferentes personas como a Aspar, quien tenía un 33 por ciento de la sociedad que creó para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 junto al empresario Fernando Roig y Bancaja, que tenían los otros dos tercios. Aspar defendió ante el fiscal que plantearon al Consell la venta de Valmor porque consideraban que era la única solución. Roig también testificó ante el ministerio público el pasado mes de julio.
Así mismo, el ministerio público ha requerido a la Generalitat facturas y diferente documentación de los viajes que hizo Camps a Londres para negociar con el empresario Bernie Ecclestone -quien también ha declarado por este asunto- que la ciudad de Valencia fuera sede del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, tal y como así ocurrió. En concreto, Fiscalía requirió al Consell diferente documentación sobre los viajes que realizó Camps entre los años 2006 y 2011 para negociar este evento, y también preguntaba por quién fue acompañado.
