Fabra plantea a Fomento la destitución de los presidentes de los puertos de Valencia y Alicante

La Generalitat ya ha tomado la decisión de destituir a los presidentes de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll. Ambos dirigentes están imputados en sendos casos de presunta corrupción .

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cree que la situación ha llegado a un punto sin retorno y prevé aplicar su «línea roja» contra la corrupción y así se lo ha trasladado al Ministerio de Fomento, del que dependen las autoridades portuarias, de este jueves, cuando trascendió la imputación de Aznar tras una denuncia de la Fiscalía por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La competencia de designar a los presidentes de los puertos de interés general está cedida a las autonomías y Fabra ya ha dejado claro que, en el caso de alcanzar un acuerdo con Fomento, Alicante y Valencia tendrán nuevos dirigentes la próxima semana.

De hecho, conforme avanzó ABC el pasado 21 de octubre, el Ministerio de Fomento ya había apremiado a la Generalitat a resolver la situación del presidente del puerto de Alicante , imputado por cinco delitos de corrupción.

Ripoll logró recalar en el puerto de Alicante en 2011, tras quedar apeado de la Diputación provincial (institución que presidía desde 2003), como parte de un acuerdo a múltiples bandas que permitía a Génova y al recién nombrado presidente del PPCV –Francisco Camps acababa de dimitir– salvar los muebles en varios frentes: de un lado, se evitaba la imagen de un presidente provincial del PP apuntándose a las listas del paro después de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lo dejase sin atribuciones y sin sueldo en el Consistorio alicantino. De otro, se ofrecía una «salida digna» a Ripoll a cambio de renunciar a su acta municipal y a la presidencia provincial del partido. Y por último, se cumplía el compromiso que adquirió con Génova antes de las elecciones el expresidente del PPCV Francisco Camps, quien se avino a ofrecer a Ripoll una alternativa a cambio de laminarlo en la Diputación.

El acuerdo, no obstante, supone desde hace tres años una importante disfunción en la política de tolerancia cero con la corrupción de la que hace gala Fabra. La presidencia del puerto es un cargo de libre designación, y por tanto, según la doctrina de las «líneas rojas», un imputado por corrupción debería haber sido destituido –como ha sucedido con todos los altos cargos del Consell que se han visto en la misma situación–. Sin embargo, Ripoll llegó al puerto cuando ya cargaba con la imputación por cinco delitos en el marco del Caso Brugal, una macrocausa que sigue encallada en los juzgados de Orihuela.