política
El alcalde de Segorbe atribuye a «intereses privados y políticos» la querella contra él
Las acusaciones han derivado en su imputación y la del conjunto del Gobierno local por un presunto delito de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial
El alcalde de la localidad castellonense de Segorbe, Rafael Calvo (PP), ve "intereses privados y políticos" en la querella presentada por un vecino y que ha derivado en su imputación y la del conjunto del Gobierno local por un presunto delito de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial.
A raíz de esta querella, interpuesta por el vecino y miembro de Alternativa Republicana Francisco Pérez Arditel, el Juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe investiga si el alcalde y los siete ediles del Gobierno municipal -entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina- han cometido delito.
En una rueda de prensa, Rafael Calvo ha sostenido que Pérez Ardit presentó recurso contra la aprobación de la Ordenanza de festejos taurinos, en relación con el montaje de "entablaos", por su "interés en que se le asignara el derecho de montador del entablado ubicado delante de una casa de su propiedad", en la plaza de la Cueva Santa.
En la actualidad mantiene, además, un litigio contra los montadores de la estructura, y "les reclama unos derechos, que según él, le pertenecen".
El alcalde se ha mostrado "convencido" de que, si este señor no hubiese tenido interés por dicho entablado, no habría presentado recurso alguno".
Según ha apuntado, Pérez Ardit es miembro de la ejecutiva de Alternativa Republicana y ha sido candidato por esta formación política en las pasadas elecciones municipales.
En ese sentido, ha señalado que el concejal republicano Nicolás Hervás "votó en el año 2004 a favor de la Ordenanza, y, tras la incorporación del Pérez Ardit al Partido Republicano, cambió su voto y apoyó las propuestas de este como correa de trasmisión política para defender los intereses privados de su amigo".
El alcalde ha rechazado las acusaciones contra su persona porque "para que se dé una prevaricación debe haber dolo, intención deliberada de adoptar un acuerdo contrario a la ley", y "no existe dolo en la actuación de los concejales".
Del mismo modo, ha defendido que los acuerdos adoptados por los concejales del PP han contado "siempre con el asesoramiento jurídico del secretario del Ayuntamiento, quien emitió informe con las modificaciones que debían incluirse en la Ordenanza para cumplir lo indicado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en sentencias anteriores sobre el asunto".
"Desde el grupo municipal del PP tenemos muy claro el objetivo de esta querella, que no es otro que la difamación y el deterioro de la imagen política de alcalde y concejales, en un momento en el que la sociedad está muy sensibilizada con los casos de corrupción", ha concluido.
