TRIBUNALES
Imputan al alcalde de Gandía por un delito de desobediencia
La juez detecta indicios de delito en el despido de doce trabajadoras de les Escoletes que denunciaron a Arturo Torró
El juzgado de Instrucción número 3 de Gandía (Valencia) ha imputado al alcalde de la localidad, Arturo Torró, por presunta desobediencia a la orden de readmitir e indemnizar a las doce educadoras de las Escoletes que denunciaron, por ilegal, su despido por parte del Ejecutivo local antes de privatizar la red de guarderías públicas en junio de 2012.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza decide investigar este asunto al estimar que existen indicios "racionales, verosímiles y suficientes" de un posible delito de desobediencia, estafa y falsedad documental, y acuerda imputar a Torró.
De esta forma, acuerda practicar las diligencias "necesarias" tendentes a la averiguación de los hechos "con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y las personas responsables de los mismos", expone en el mismo escrito.
Entre estas diligencias, la jueza imputa a Torró, en su calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento, y ordena librar un oficio al juzgado número 2 de lo Social de Valencia para que remita testimonio de la sentencia dictada en abril de 2013, por la que se obligaba al consistorio a readmitir e indemnizar a las 12 educadoras de las Escoletes.
Esta sentencia de lo Social daba respuesta a una denuncia que la Unión General de Trabajadores (UGT) interpuso en los juzgados al considerar que la actitud que adoptó el gobierno del PP con las empleadas de las guarderías no era la apropiada.
Ahora, la juez pide incorporar esta resolución a la causa, que se ha originado a partir de dos querellas interpuestas por el PSPV y por UGT contra Torró; el coordinador general de la Alcaldía, Francisco Javier Reig; y los concejales de Educación, Marta Cháfer, y de Hacienda, Guillermo Barberá.
En su resolución, la jueza inadmite las querellas al estimar que estas partes -PSPV y UGT- no están legitimadas a personarse como acusación particular -aunque les abre la vía a que sea como acusación popular-, pero del escrito y de los documentos acompañados aprecia indicios de delito, con lo que acuerda abrir una investigación.
En la querella socialista, presentada por la concejala Liduvina Gil y la secretaria general del PSPV-PSOE en Gandía, Diana Morant, se apuntaba a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y/o una infracción contra la administración pública relacionada con las Escoletes.
