DESPILFARRO EN INFRAESTRUCTURAS
Desaladoras: 540 millones de euros dilapidados porque nadie quiere su agua
El agua desalada es cinco veces más cara que la de los trasvases, requiere un alto coste energético y no es apta para todos los cultivos
Ni más agua, ni de mayor calidad y, ni mucho menos, más barata. El eslogan que enarboló el Gobierno socialista para promocionar las supuestas bondades de las desaladoras frente a los trasvases ha saltado por los aires ante la negativa de los agricultores a adquirir el agua y de los Ayuntamientos a poner en marcha estas infraestructuras (de las que todavía restan por pagar más de quinientos millones de euros «heredados» de la etapa de Zapatero) por su elevado coste en términos de factura energética.
En concreto, el precio del metro cúbico del agua desalada destinada a usos agrícolas se sitúa en el entorno de los 1,1 euros, cinco veces más de lo que abonan los regantes alicantinos por emplear los caudales del trasvase Tajo-Segura (apenas veinte céntimos).
En el caso del trasvase Júcar-Vinalopó , la tarifa fijada -en estos casos los precios están subvencionados- se eleva hasta los treinta céntimos. Siempre muy lejos de los precios «inalcanzables» del agua procedente de las desaladoras.
Rechazo generalizado
No obstante, más allá del precio la desalación genera rechazo entre los agricultores ya que no es apta para todos los cultivos. A pesar de los tratamientos de depuración destinados a extraer la salmuera, el agua que generan estas infraestructuras no se puede emplear para regar ciertos cultivos, como es el caso de las hortalizas.
El agua desalada sí resulta válida, aunque cara, para los cultivos leñosos como la vid o los árboles frutales.
Estos condicionantes han propiciado que las dos únicas plantas desaladoras que permanecen activas en la provincia de Alicante apenas hayan proporcionado 42 hectómetros cúbicos de agua a los usuarios, conforme avanzó ABC el pasado lunes . Esta cifra resulta ocho veces inferior a la que hubiera aportado el trasvase del Ebro derogado por el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2004.
El Ejecutivo socialista, en cambio, apostó por las desaladoras a pesar de las reticencias de los agricultores y de su alto coste energético. De hecho, la planta de Torrevieja, uno de los iconos de la política puesta en marcha por la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, requiere de una potencia eléctrica equivalente al consumo de una ciudad de 100.000 habitantes a pleno rendimiento. El fallido Programa Agua del PSOE ha recobrado actualidad en un proceso de sequía como el actual, especialmente en las provincias de Alicante y Castellón , ante el que las desaladoras se han mostrado inoperantes. Algunas, incluso, todavía no se han puesto en marcha.
El legado de Zapatero
Ayer, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, criticó durante la sesión de control parlamentaria los 1.800 millones de euros que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero destinó a la planta Castor, frente a las costas de Vinaroz en Castellón, y los 542 millones a desaladoras que «ningún municipio quiere» . «Con esos 2.340 millones de euros nosotros habríamos hecho tres veces el Corredor Mediterráneo, el acceso a todos los puertos y tendríamos soterradas las vías en la ciudad de Valencia», según resaltó.
