Una ley anti-fracking para una región sin fracking

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado en su reunión de esta mañana poner en marcha una ley que impida la extracción de gas por el método de fractura hidráulica . Para ello ha realizado un Consejo monográfico con la participación de las plataformas anti-fracking de la región, en concreto de Guadalajara y el Campo de Montiel.

Es el segundo consejo monográfico que pone en marcha el Gobierno de Page, y en ambos casos los protagonistas han sido las plataformas que más «guerra» dieron al anterior ejecutivo de Cospedal . La primera la de la Dependencia y ahora la anti-fracking.

Lo curioso es que en Castilla-La Mancha esta práctica energética no se realiza ; en realidad, en ninguna parte de España, y lo único que se ha hecho hasta ahora han sido estudios sobre el terreno por parte de algunas empresas para averiguar si en hay gas bajo la tierra castellano-manchega.

Por eso, en la presentación de este proyecto de Ley, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo , ha insistido en que se trata de una normativa para la prevención. «Más vale prevenir que curar» , ha recalcado, si bien también ha reconocido que los efectos secundarios que puede conllevar esta práctica, como la contaminación de la atmósfera y de las aguas subterráneas, no están contratados.

El proyecto de ley contra esta práctica de extracción de gas se calcula que podrá estar aprobado en el plazo de seis meses y se verá reforzado por la modificación de la ley del suelo, de manera que, en la práctica, será imposible que en Castilla-La Mancha se desarrollen proyectos de fractura hidráulica .

La ley no prohíbe la extracción -la experiencia de otras Comunidades Autónomas aconsejaba no hacerlo, pues en regiones donde lo han prohibido han sido rechazadas por los tribunales-, pero sí pone muchas trabas para evitar que se realice, siguiendo el modelo del País Vasco.

En 2012 se comenzó un estudio en el Campo de Montiel , que ahora se verá suspendido con la nueva ley, y el de Guadalajara compete al Ministerio de Agricultura y también afecta a la provincia de Soria.