sociedad
La Junta ha concedido 300 moratorias en viviendas protegidas por valor de 1,3 millones
Fomento prevé prorrogar dos años más las medidas para garantizar el acceso a un hogar que suman desde 2014 más de 3.000 beneficiarios
Un sueldo menos en casa, un gasto imprevisto, una reducción de salarios que no se lleva a los mismos términos de merma en las facturas... El vaciado de la hucha familiar o la ausencia de fuente que la rellene ha puesto en los últimos años a muchos castellano y leoneses en un verdadero apuro a la hora de incluir en sus gastos el pago de su hogar. Es la situación a la que se han tenido que enfrentar 300 propietarios de viviendas protegidas de titularidad pública a los que en menos de dos años les han sido concedidas moratorias para el abonodo de la cuota mensual y poder dar un respiro a sus costreñidas cuentas corrientes. En total, las letras interrumpidas suman más de 1,3 millones de euros.
Se trata de una de las 22 medidas urgentes en materia de vivienda que en diciembre de 2013 aprobaban las Cortes de Castilla y León a iniciativa de la Junta para responder a una situación de extraordinaria dificultad sobrevenida y que en vistas de la acogida a las mismas - más de 3.000 beneficiarios en las distintas acciones- y a que el escenario económico sigue poniendo en jaque a los hogares, la Consejería de Fomento ha decidido prorrogar dos años más. La filosofía, la misma que entonces, velar por que los ciudadanos ejerzan «su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada», según recoge la ley que puso en marcha estas políticas, que están encaminadas a colectivos más afectados por la situación económica o las rentas más bajas.
Condiciones
En este sentido, la posibilidad de optar a una moratoria en el pago de las cuotas mensuales de viviendas protegidas se reserva a quienes tienen que lidiar el mes con unos ingresos familiares inferiores a los 1.330 euros o tener que destinan a la vivienda más de la tercera parte de lo que llega a casa cada mes. Para quienes cumplen estos requisitos -el 90% de los solicitantes-, se ha ordenado la interrupción del pago durante un plazo inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro si persisten las circunstancias que motiven la concesión.
Los mismos requisitos son los que se solicitan para otra opción en casos de «urgencia»: la reestructuración de la deuda pendiente de amortizar. Esta alternativa para seguir a flote es a la que se han agarrado en los últimos dos años 182 propietarios de viviendas protegida de titularidad pública , a los que se les han ampliado los plazos hasta en un máximo de cinco años, ascendiendo a 1,5 millones de euros la cantidad afectada que, sumada a la de las moratorias, supone una tregua de 2.8 millones para los dueños de este tipo de residencias.
A estas dos medidas dirigidas a quienes se encontraban en un compromiso económico, se suma la de amortización previa de la compra para las personas y familias que cuentan con los recursos suficientes para pagar anticipadamente las cantidades que adeuden, en condiciones económicas que lo facilitan de forma sustancial. En total, se han tramitado 467 expedientes en este sentido.
Titularidad privada
Esto en cuanto a viviendas de carácter público se refiere. En lo que respecta a las de titularidad privada destaca el número de beneficiarios de la flexibilización de los requisitos de adquirientes y arrendatarios. En total, en mil casos se ha abierto la puerta a nuevos inquilinos ampliando el espectro, siempre y cuando estos cumplieran una serie de parámetros, tales como no exceder los ingresos en 3.900 euros mensuales o no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, permitiéndose en los casos en los que no se pueda ocupar la casa por causas que no le sean imputables, como el puesto de trabajo en una provincia diferente, o cuando las familias necesiten una mayor superficie por el aumento del número de sus miembros. En todos estos casos, la propiedad anterior deberá ser vendida o alquilada dentro del plazo de un año.
También en las vivienda de titularidad privada se han beneficiado de una de las 22 medidas urgentes aprobadas en diciembre de 2013 un total de 27 personas para las que se ha concedido la adquisición de vivienda nueva sin cumplir los requisitos siempre y cuando éstas se vayan a destinar al alquiler, uno de los pilares de las políticas de la Junta que espera trasladar el pivote del panorama inmobiliario desde la adquisición hasta el arrendamiento. En este sentido, otras medidas pasaban por la intermediación en el arrendamiento de vivienda entre su propietario y el futuro inquilino o la puesta de la casa a disposición directamente de la Consejería o entes públicos para su alquiler. Hasta 56 expedientes se han sumado a este programa.
Otras actuaciones
Las 22 actuaciones «urgentes» incluyen además otras encaminadas a los colectivos más vulnerables que tienen problemas para tener un hogar digno. En este sentido, se cuenta con una reserva de casas desocupadas para atender especiales necesidades. En los últimos 22 meses se han presentado 177 solicitudes para ocupar estos puntos «guardados» para colectivos en riesgo de exclusión, de las cuales han sido concedidas un total de 104, generalmente víctimas de violencia de género, personas en procesos de desahucio, familias con todos sus miembros en paro o pequeños empresarios agonizando por las deudas. Para atender a estos colectivos se dispone de un parque de 113 viviendas preparadas a demanda de quienes lo necesitan. Con los beneficiarios se firma un contrato de alquiler social por el que pagan unos cien euros de cuota mensual, salvo que no puedan permitírselo.
