La Junta quiere devolver la extra de 2012 en tres plazos hasta 2017

El último encuentro de la Mesa de la Función Pública se vivió ayer con máxima tensión. Allí, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, sorprendió a las organizaciones sindicales con su intención de cerrar de inmediato un «acuerdo de legislatura» que pondría en juego aproximadamente unos 150 millones de euros y que tendría como principal referencia la propuesta que ya presentó en la primera «toma de contacto», un documento a modo de guión de prioridades para mejorar y modernizar el empleo público con actuaciones tan relevantes como la revisión de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RTP), el desarrollo del estatuto básico, el avance en el modelo de prevención de riesgos laborales o la negociación del convenio colectivo del personal laboral.

Sin respuesta de Montoro a las dudas sobre los efectos sobre el déficit ni aclaración sobre el origen presupuestario de una partida que Hacienda no sabe cómo encajar en las cuentas regionales, la propuesta incluiría el pago de la extra de 2012 que falta por abonar, un 75% del total, en tres plazos a desembolsar hasta 2017 -con un primer ingreso antes de que acabe 2015, otro en abril-mayo de 2016 y el último en marzo de 2017-. Contempla además que el sexto «moscoso» se pueda disfrutar hasta finales de marzo y que se recuperen cuatro días de vacaciones por antigüedad, dos cada ejercicio, en 2016 y 2017. El responsable de la negociación en la Administración regional deja pendientes los «canosos» y aclara que los días de libre disposición y vacaciones no implicarán sustituciones «salvo en Sanidad y Servicios Sociales», donde deciden los gerentes.

Respecto a la vuelta a la jornada laboral de 35 horas , José Antonio de Santiago-Juárez lanza la pelota al tejado del Gobierno de la Nación y hasta se ofrece a «reclamar de forma inmediata y de manera conjunta» tanto la recuperación del horario como el pago del 100% de las retribuciones durante las bajas laborales. Y de paso, que ese incremento de gasto no compute en el cumplimiento del objetivo de déficit.

Los sindicatos con representación en la Mesa de la Función Pública salieron de la reunión con el anuncio de movilizaciones bajo el brazo y la negativa a aceptar el pacto sin más negociación. «Concreción nula, incoherente y desequilibrada», protestaba Carmen Amez, de UGT, que insistía en su «contrapropuesta» para que el 26,23% «de Montoro» se pague cuanto antes. Csi-f por su parte calificó el planteamiento de la Junta de «decepcionante e insuficiente». Esta central llevará su propia propuesta a la próxima cita, el 7 de octubre, sin negarse a la creación de grupos de trabajo, pero con la vista puesta en el cierre de los presupuestos de la Comunidad.