Amoedo pide que la Renta Garantizada sea compatible con otras ayudas

Primer pleno del nuevo periodo de sesiones y, por lo tanto, de estreno en la actividad ordinaria de la Cortes de Castilla y León , lo que sirvió, además, para que los nuevos grupos parlamentarios y, especialmente, sus portavoces, empezaran a mostrar las cartas con las que van a jugar en esta IX Legislatura. Como es tradición en este arranque de curso político, fue el Procurador del Común, Javier Amoedo , el encargado de rendir cuentas a la Cámara con el informe de actividad de esta institución correpondiente a 2014. En él, al margen de los números (se presentaron 2.052 quejas, un 38 por ciento menos que en el ejercicio anterior), Amoedo insistió especialmente en las reclamaciones referidas a la Renta Garantizada de Ciudadanía , para exigir una nueva modificación que permita hacer compatible esta prestación con cualquier otra procedente de una administración pública y tener así aseguradas las necesidades básicas de los ciudadanos. A su juicio, la reforma realizada por la Consejería de Familia, precisamente por requerimiento suyo, fue «claramente insuficiente» por lo que reclamó que se introduzcan nuevos cambios normativos que, además, permitan agilizar los procedimientos y reducir plazos, una sugerencia con la que se mostró de acuerdo la oposición parlamentaria.

Una vez expuesto el informe, fue el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que coincidieron, un año más, en censurar la falta de respuesta de las administraciones para con el Procurador del Común. Además, Pablo Fernández , por Podemos, y Luis Fuentes , por Ciudadanos, pusieron sobre la mesa diferentes iniciativas en aras a conseguir, precisamente, una mayor eficacia de la institución. De hecho, Fernández reclamó su reforma y anunció una proposición no de ley para regular los procedimientos de acceso a las prestaciones a aquellas personas en riesgo de exclusión. Por cierto que, en este punto, el portavoz de Podemos acusó a la anterior consejera de Familia, Milagros Marcos , de «falta de diligencia» por no haber atendido las resoluciones del pasado año de Javier Amoedo sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Por su parte, Fuentes (Ciudadanos) señaló que su formación política presentará una moción en todos los ayuntamientos en los que tiene representación para que los consistorios se comprometan a colaborar con el Procurador del Común . Además, también propuso campañas informativas que permitan un mayor conocimiento de esta figura.

Virginia Barcones, como viceportavoz del Grupo Socialista, se presentó con unos planteamientos más de debate del estado de la región en un escenario, a su juicio, marcado por «recortes y desigualdad» , por lo que abogó por «una recuperación justa, que llegue a la vida real de las personas».

Una realidad que no coincidió, ni mucho menos, con la reflejada por el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo , quien comenzó por reprochar a los socialistas que fuesen el único grupo en el que la intervención no corrió a cargo de su portavoz, a pesar de la importancia del pleno. Se refirió. después, al descenso en el número de quejas presentadas el pasado año, que vuelven a los niveles anteriores a la crisis.

Por último, desde el Grupo Mixto, José Sarrión (IU) insistió en el «baño de realidad» del informe y se refirió especialmente a las 216 reclamaciones sobre el fracking presentadas por los ciudadanos de Burgos. Luis Mariano Santos (UPL) cuestionó la existencia de la figura del Procurador del Común y el riesgo de que sus resoluciones se quedan en «el limbo» ante la falta de respuestas.