política
La Junta propone iniciar «de inmediato» la negociación de la reforma del Estatuto
La Consejería de la Presidencia impulsará por ley la regeneración democrática y la calidad política
No hay tiempo que perder y el calendario puesto ayer sobre la mesa así lo pone de manifiesto. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez , compareció en las Cortes con una batería de objetivos y prioridades de legislatura que descargó «sin piedad» ante los renovados grupos parlamentarios con su habitual tono «didáctico» y la advertencia cristalina a «los nuevos» de que «aquí hay que venir llorado de casa».
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Lo fundamental del programa de acción gira en torno a nueve «ejes» encabezados por la nueva reforma del Estatuto de Autonomía, con la que el Gobierno de Juan Vicente Herrera pretende «blindar» las políticas sociales puestas en marcha para atender las desigualdades nacidas al calor de la crisis económica y fortalecer el papel de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad, pero también incluir nuevas «exigencias en materia de calidad democrática». Es decir, el propósito es dar un carácter estatutario «ajeno a los vaivenes políticos» a medidas tales como la limitación demandatos de los responsables públicos, la fijación de un tope al número de consejeros de la Junta, la restricción de los aforamientos o la incompatibilidad entre la condición de procurador y la de alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes.
Primer contacto, ya
La propuesta del consejero pasa por el «inminente» trabajo conjunto del Gobierno y los grupos parlamentarios, de tal forma que arranquen los encuentros en la segunda quincena de este mismo mes, una vez que concluyan las comparecencias de los consejeros en el Parlamento regional.
No hay motivos para el retraso. «La reforma es compleja porque requiere una mayoría cualificada en las Cortes regionales y un diálogo nacional, pero en ningún caso hay excusas para esperar resultados electorales por miedo a una posible reforma constitucional», aclaró frente a posibles dudas de idoneidad.
El guión de José Antonio de Santiago-Juárez hizo especial hincapié en la creación de una «agenda de medidas para la regeneración democrática y la calidad política» que se encargará de impulsar tres normas con rango de Ley destinadas a regular el ejercicio de los altos cargos - y que incorporará un código ético, de austeridad y buenas prácticas que se aprobaría ya este mismo mes-, profundizar en la cercanía de la política y atender a las víctimas del terrorismo.
Asignatura pendiente de la pasada legislatura, destaca la «mejora sustancial del Portal de Gobierno Abierto» que supondrá para la Consejería la publicación de nuevos contenidos sobre el programa de Gobierno, los servicios públicos prestados y su información estadística, así como las resoluciones de autorización de compatibilidad. Según De Santiago-Juárez, se ampliará de forma «exigente» la información en el área económico-financiera: también en contratos menores de la administración, la ejecución del Presupuesto, los gastos en campañas de publicidad institucional y las cuentas anuales... Todo ello con el fin de promover la participación ciudadana.
«Hemos tenido poco éxito, si bien es verdad que todo al principio cuesta», reconoció el consejero de la Presidencia, que alertó de la vinculación de transparencia con menos corrupción. « Puede ser un antídoto, pero no es su objetivo ; el círculo virtuoso es ser trasparente para ofrecer información y promover la participación», reflexionó en voz alta el responsable político, que lamentó que hasta ahora el portal sirva, sobre todo, «para mirar el sueldo de los altos cargos».
Lejos de la realidad
En las filas de la oposición, los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto apenas coincidieron en su crítica al Ejecutivo por su «desconexión de la realidad». Nuevo y «recién llegado del mundo local», el portavoz del Grupo Socialista, Luis Briones, confesó haber sentido sólo «desencanto» ante la falta de referencias a la corrupción y recordó al consejero que su intención de «aprobar» medidas está condicionada «ahora» al apoyo de los demás grupos políticos y a la incorporación de propuestas de la oposición.
Así, mientras Pablo Fernández desde Podemos tendía su mano «para resolver problemas y variar políticas vanas» al tiempo que cuestionaba la voluntad real de transparencia, José Sarrión clamaba desde el Grupo Mixto por un enfoque hacia la «democracia participativa» y el procurador de Ciudadanados Manuel Mitadiel se debatía entre la complicidad de quien se confesó «encantado» con el talante de diálogo del consejero y la crítica a «algunos episodios oscuros, que no de corrupción».
