Del límite de mandatos a las listas abiertas y las incompatibilidades

Algo más de tres folios y 31 puntos integran el «Acuerdo de investidura y por la gobernabilidad de Castilla y León» rubricado ayer entre los máximos responsables del PP y de Ciudadanos en Castilla y León, Juan Vicente Herrera y Luis Fuentes , respectivamente. Unos puntos llamados a lograr el entendimiento entre ambas fuerzas que van desde aspectos vinculados con la transparencia y la regeneración democrática (16) a la consolidación de la recuperación económica (9) y los servicios esenciales (6). En algunos casos son de competencia directa de la Junta, mientras que en los de ámbito nacional «se entenderá como un compromiso de defender y propiciar activamente el punto en cuestión».

En el acuerdo, en el que Herrera dijo sentirse «muy cómodo», como también en el documento suscrito previamente con los de Albert Rivera sobre regeneración democrática, se asumen aspectos como los planteados por C’s que el dirigente popular aplaudió, como el límite de que los consejeros puedan estar como máximo ocho años al frente del mismo departamento. No es el único tope de permanencia en el que se trabajará. La reforma del Estatuto propuesta también incluye un máximo -aún sin cifrar- a los mandatos para la Presidencia de la Junta , de las Cortes y de las instituciones propias, así como para ejercer la portavocía de los grupos parlamentarios o el aforamiento. Sin carácter retroactivo, Herrera reconoció que no tendría ningún problema en asumirlo, aunque el dirigente de Ciudadanos dejó claro que «no» es aplicable en este caso.

Esa modificación también incluye la «incompatibilidad» de ser al mismo tiempo procurador y alcalde de alguno de los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. No será aplicable desde ahora ni con vista atrás, sino que debe hacerse el cambio normativo, por lo que los regidores de León, Antonio Silván , y Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco , podrán seguir en su escaño.

Impulsar la reforma de la ley electoral para «mejorar la proporcionalidad, ir hacia un sistema de listas abiertas, reducir los gastos electorales y duración de las campañas y elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias » forma también parte del acuerdo, que se revisará cada seis meses y en el que se incide en las medidas de transparencia a través de la publicación de sueldos, auditorías, que los cargos públicos no cobren de sus formaciones o «separar de inmediato» a los imputados por corrupción. También incluye, entre otros puntos, que las fuerzas financiadas «ilegalmente a través de actos de currupción de sus cargos» sean «responsables patrimonialmente».

Aumentar la inversión en I+D+i, la reindustrialización o «profundizar en la defensa» de la educación, sanidad y servicios sociales también forma parte del acuerdo firmado.